La entrega de resultados de la Prueba de Selección Universitaria, el fin de semana, y la intensa tramitación de la ley corta que envió el Gobierno al Congreso para financiar el inicio de la gratuidad de la educación superior en 2016 han sido temas casi excluyentes en la agenda noticiosa local durante la última semana.
En conversación con Cooperativa el ingeniero civil industrial Mathias Gómez, investigador de Política Educativa de la Fundación Educación 2020, analizó el significado y la relevancia de ambos hitos.
Gómez aseguró que el inicio de la gratuidad "es un avance" y "una buena noticia", más allá de los "reparos técnicos y políticos" que se efectuaron al proyecto, que tuvo en el Parlamento, por otro lado, una "discusión bastante precipitada".
"De todas maneras creemos que es un hecho histórico que finalmente se logre avanzar en gratuidad y se estén sentando precedentes que son importantes" para la discusión de la ley definitiva de Reforma a la Educación Superior, que debería presentarse en los próximos días.
Como aspectos positivos, Educación 2020 celebra que se garantice financiamiento "a los estudiantes que más lo necesitan sin pedirles puntaje" de PSU, a diferencia del sistema de becas.
"Nosotros hemos criticado bastante el despropósito que tienen las becas, de tratar de asistir a aquéllos que más las necesitan socioeconómicamente, y a la vez exigirles un puntaje elevado de PSU, siendo que la prueba tiene un sesgo socioeconómico", explicó Mathias Gómez.
El experto destacó también que se eliminara al Cruch "como criterio de asignación de recursos", pero, al mismo tiempo, se definiera que "las universidades del Estado entran por ser del Estado, porque es deber del Estado hacerse cargo de sus universidades"; más allá de que sea necesario que algunas de éstas "se comprometan a mejorar su calidad y niveles de acreditación", lo que también es necesario.
La educación técnica
En la contraparte, Educación 2020 considera "lamentable" que la educación técnica haya tenido "que pagar los platos rotos en esta discusión", al ser excluida del beneficio de la gratuidad tras el requerimiento de la derecha al TC.
"Nos hubiese gustado que algunas instituciones técnicas de calidad y sin fines de lucro hubiesen podido acceder a la gratuidad. Lamentablemente en la discusión parlamentaria esto no resultó", dijo Mathias Gómez, recordando que la ley corta dispone un plazo máximo de tres años para que los institutos profesionales y centros de formación técnica ingresen a la gratuidad bajo requerimientos análogos a los de las universidades.
De momento se aumentaron las becas Nuevo Milenio; un paso que puede entenderse como una "buena salida" temporal, pero no en el largo plazo, puesto que las becas "refuerzan la lógica mercantilizada que ya tiene el sistema de educación superior y (se dan) en un sector que es el más desregulado, porque en el sector técnico de la educación superior el lucro está permitido y hay instituciones de dudosa calidad".
Tras esta etapa inicial "se puede avanzar a mejores estándares de calidad y de gratuidad", consideró el ingeniero.
"La PSU reproduce las diferencias, reproduce las desigualdades", dijo a Cooperativa el investigador de Política Educativa Mathias Gómez. (Foto: Agencia UNO)
La reforma superior
Consultado por las expectativas de la Fundación frente a la presentación, por parte del Gobierno, de la Ley de Reforma a la Educación Superior, Gómez señaló que allí se podrán abordar "muchos temas" que todavía no se han discutido en profundidad, ya que "no todo se trata de gratuidad", explicitó.
En esa línea, 2020 espera "que se discuta con altura de miras y con los tiempos acordes", no como la "discusión sobre gratuidad, que fue bastante precipitada", y que el proyecto incluya "una revisión completa del sistema de aseguramiento de la calidad de las instituciones".
La organización es partidaria de imponer "acreditación obligatoria para todas las instituciones", de revisar la "articulación" del sistema -consagrando la "obsolescencia del Cruch"- y de repensar la estructura de financiamiento, para que pase de la actual, basada en una mirada "de mercado y con lógica de voucher; de financiamiento a la demanda, a un financiamiento a las instituciones mediante aportes basales".
Que la PSU pierda peso
Respecto de la PSU, el experto coincidió en que ésta volvió a constatar la ligazón de los resultados con la procedencia socioeconómica de los postulantes, motivo por el cual llamó a "ir reduciendo su peso, que es exorbitante, entre un 70 y 80" de la ponderación general, para aumentar la incidencia del ránking de notas "u otros instrumentos como el desarrollo de ensayos, carrtas de recomendación o entrevistas, que se ocupan en otros países".
"El sistema de educación superior no puede desatender las desigualdades: la PSU reproduce las diferencias, reproduce las desigualdades, ésa es la crítica que nosotros hacemos. Un instrumento que reproduce las dificultades tiene que reducir su ponderación frente a otros instrumentos que no lo hacen, como el ránking"; señaló Mathias Gómez, aclarando que para Educacón 2020 "está bien que exista" la PSU, pero siempre que su peso sea "mucho menor".
El propio ránking de notas, ya implementado, "no tiene sesgo económico ni de género", ejemplificó.
