La jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, Alejandra Contreras, dijo que "no son decretos automáticos".
"Además es un plazo prorrogable de acuerdo a las necesidades de la situación", añadió.
Los estudiantes no han solicitado en su mayoría terminar sus estudios en otros planteles.
Los estudiantes Universidad Arcis llegaron hasta el Ministerio de Educación para entregar una nueva carta en la que solicitan la remoción del administrador previsional, mientras la cartera está a la espera de que el Consejo Nacional de Educación (CNED) apruebe el documento presentado.
La próxima semana será recibida por el CNED para escuchar sus descargos y posterior a esto, de aprobar el cierre, el Mineduc debe emitir el decreto con la revocación de reconocimiento oficial.
La jefa de la División de Educación Superior de la cartera, Alejandra Contreras, estima que todo este proceso para el cierre definitivo y la reubicación de los estudiantes tarde unos tres años.
Indicó que "los decretos de cierre no son decretos automáticos, son decretos que determinan un plazo, que además es un plazo prorrogable de acuerdo a las necesidades de la situación y que nosotros estimamos que en este caso, de acuerdo a lo que hemos ido analizando con la propia situación de la universidad, no va a ser menor a un plazo de tres años".
"Por tanto, en ese sentido estamos muy coordinados con lo que ha sido la decisión de continuar el giro de la universidad por parte de la liquidación, que también se estableció por tres años. Si es necesario hacerlo a cuatro años también podemos evaluarlo, pero creemos que vamos a andar probablemente dentro de ese rango", añadió Contreras.
Opciones para reubicar a los estudiantes
Sobre las opciones que se barajan para la reubicación de los estudiantes, la jefa de la División de Educación Superior dijo que están trabajando en aquello y que los jóvenes no han solicitado en su mayoría terminar sus estudios en otros planteles.
Una de las alternativas que se maneja es la Universidad de Chile, donde su rector, Ennio Vivaldi, afirmó que "pensar que implica cualquier cosa que altere nuestras normas de ingreso de estudiantes nunca se ha planteado".
"Es sencillamente que ante un problema nacional producto de un mal manejo de un sistema privado totalmente desregulado se llega a una situación que hay que resolverla y estamos dispuestos para ayudar al Gobierno y al Ministerio a una solución de ese problema", explicó el académico.
