Alfredo Morgado comentó la reapertura de la causa dictaminada por la Corte Suprema.
En esta etapa se buscará determinar la responsabilidad de cinco altos mandos de la Fuerza Aérea en 2011.
Este martes la Corte Suprema decidió reabrir la investigación por el accidente aéreo en Juan Fernández.
Tras la decisión de la Corte Suprema de reabrir la investigación por el accidente aéreo de Juan Fernández que le costó la vida a 21 personas en septiembre de 2011, uno de los tres abogados querellantes en la causa, Alfredo Morgado, señaló que los oficiales "no establecieron los procedimientos" para el vuelo a la zona.
El máximo tribunal ordenó a la Justicia Militar que indague los presuntos delitos de incumplimiento de deberes militares y cuasi delito de homicidio de los comandantes del Comando de Combate General de Aviación, que no elaboraron los protocolos para volar al archipiélago
En enero del año pasado, el ministro en visita Juan Cristóbal Mera determinó, a su juicio, que el accidente fue culpa de la tripulación encabezada por los pilotos Carolina Fernández y Juan Pablo Mallea, por volar a baja altura y con viento cruzado en una zona peligrosa para ingresar a la isla Robinson Crusoe y desechó cualquier otro ilícito cometido por terceros.
Los abogados querellantes de los familiares de las 21 víctimas de la FACh, el Consejo de la Cultura, el Desafío Levantemos Chile y TVN le asignaban a los entonces oficiales Luis Ili Salgado, Guillermo Castro Guzmán, Julio Frías Pistono, Aldo Carbone Frugone y César Pineda Troncoso, la posible comisión de los delitos antes nombrados.
"Hoy en día resulta que tenemos procedimientos, tenemos estándares de seguridad de vuelo a la isla Juan Fernández que, a la época del siniestro, no existían y ciertamente lo que se tiene que investigar está relacionado con los ilícitos cometidos por terceras personas, todos miembros e integrantes de la FACh, en la época del fatídico vuelo", sentenció Morgado.
El profesional añadió que los oficiales mencionados "no establecieron los procedimientos, controles positivos de vuelo, protocolos de seguridad aeronáutica, aproximación a la pista de aterrizaje, circuito a realizar y, sobre todo, zonas vedadas por ser peligrosas, reconocidamente peligrosas que evitaron dos pilotos civiles ese día".
En tanto, otro de los querellantes, Cristián Arias, indicó que "faltaba indagar responsabilidades eventuales de terceros distintos de los pilotos en el cuasidelito que causó la muerte en esta tragedia aérea y, además, dispone indagar otra fase que quedó completamente no aclarada en la investigación que hasta este minuto estaba completada por el ministro instructor que era el cumplimiento de deberes militares".
Tranquilidad en los familiares
El hermano de Rodrigo Cabezón, fallecido camarógrafo de TVN, Jorge Cabezón, relató que este dictamen "nos deja tranquilos. Aquí hay muchas cosas que incluir aún, creo que hay que procesar a estos señores oficiales superiores e incluir nuevos testimonios y nuevas pericias" y señaló que "más que justicia", lo que buscan "es verdad".
"La justicia es posterior a la verdad, porque sería como adelantarnos demasiado pedir que se juzguen cosas si la verdad es que ni siquiera tenemos claro lo que pasó, entonces lo primero es verdad y luego, en base a esa verdad, ver las responsabilidades y si existe la posibilidad de justicia, así debiera hacerse", añadió Cabezón.
Por su parte, el abogado de la Fuerza Aérea, Isidro Solís, manifestó que "hemos declarado desde el primer día que estamos a disposición de los tribunales, hemos entregado toda la información que se nos ha pedido, hemos participado en todas las diligencias que los tribunales han dispuesto y esa es una actitud de colaboración que se va a mantener permanentemente".
"Por lo tanto, debe haber, según la Suprema, un pronunciamiento respecto de la participación de cada uno del resto de los oficiales que participaron, de alguna u otra manera, en estos hechos y, por lo tanto, nosotros hemos entendido siempre que el proceso es una oportunidad de las personas para probar lo que fueron sus actos", agregó el jurista.
A su vez, el ministro de Defensa, Jorge Burgos, resaltó que "los fallos de los tribunales se acatan simplemente. Uno puede comentarlos, pero los fallos se acatan. Entiendo que lo que ha pasado aquí es que parcialmente se acogió una casación".
"En consecuencia, producto de eso, debiera -si no me equivoco- reabrirse la investigación y hay que esperar las resultas del fallo y la decisión de la Corte Suprema y serán las partes las que tendrán que hacer valer sus derechos conforme a nuestro ordenamiento jurídico", concluyó el secretario de Estado.
Además, está la arista civil de esta causa que son las demandas contra el Fisco por falta de servicios en este accidente.
