"Si la justicia 'legal' no se aplica, ni cesan las torturas, llegará la justicia popular", este es parte del mensaje amenazante que recibieron este viernes -mediante panfletos- el ministro de Justicia, Luis Cordero; el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra; y de la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad, Fabiola Valladares.
Se trata de escritos que fueron lanzados durante esta mañana desde una camioneta a las afueras del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, en Avenida Pedro Montt, lugar donde el titular de Justicia realizaba una actividad. También se encontraron panfletos en otros dos recintos penales de la capital.
"Cárcel de alta seguridad (CAS) hoy Repas. Centro de tortura y exterminio con régimen de aislamiento ilegal ante la ley vigente en $hile", es lo que la primera frase que se lee en estos panfletos, que incluyen la foto de los tres aludidos apuntados por pistolas.
"El verdadero crimen organizado lo autoriza el Presidente de la República, ministro de Justicia, director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, y su peona alcaide, Fabiola Valladares Álvarez", indica también el escrito, que cierra acusando a estas tres autoridades de "torturadores" y con una amenaza: "Si la justicia 'legal' no se aplica, ni cesan las torturas, llegará la justicia popular".
Al considerar este hecho como grave, Gendarmería realizó de inmediato una denuncia por amenazas ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y anunció una querella.
Mientras que estos antecedentes fueron derivados hasta el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien radicó el caso en la Unidad de Alta Complejidad, según consignó La Tercera.
Por su parte, el equipo del ministro Cordero, que por el momento descarta otro tipo de amenazas además de los panfletos, decidió aumentar el contingente de seguridad que lo resguarda.
"EN CHILE NO VAMOS A TOLERAR AMENAZAS A LAS AUTORIDADES"
El hecho fue abordado esta tarde por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien aseguró que el Ejecutivo no sólo rechaza las amenazas que sufrieron Cordero, Urra y Valladares, "sino que vamos a utilizar todas las herramientas que permite la ley para perseguir a los responsables".
"En Chile no vamos a tolerar amenazas a las autoridades para tratar de inhibir las funciones y las tareas que tienen", puntualizó la autoridad, quien destacó también que los afectados cumplen con tareas "que les da la Constitución, justamente para proteger los derechos de los ciudadanos que viven en el territorio nacional".
"(Las amenazas) son inaceptables, son graves, esperamos perseguirlas, identificar a los responsables y por supuesto sancionarlos", cerró Monsalve.
"El ministro tiene todo el apoyo de nuestro Gobierno; se van a presentar las acciones legales que corresponden", declaró más tarde la ministra del Interior, Carolina Tohá.
La jefa de gabinete relevó que la Política Nacional contra el Crimen Organizado considera que "muchas veces, la respuesta de cierta criminalidad es a través de amenazas, pero en Chile no van a arrasar con la voluntad de ser firmes en estos temas, y no vamos a permitir que esas amenazas se traduzcan en ninguna vulneración de nuestro ministro".
CONDENA TRANSVERSAL DEL MUNDO POLÍTICO
En la oposición, el diputado Diego Schalper (RN) recalcó que "las amenazas son muy graves; tienen que ser combatidas con todo el rigor de la ley y con toda la persecución penal posible, porque buscan amedrentar a las policías, a los encargados de los recintos penitenciarios, y a las autoridades políticas".
"Estas son las estrategias del crimen organizado que hay que combatir de raíz, porque si se deja que avancen, después se vuelven muy complicadas. Así que invitamos al Ministerio Público, a la Subsecretaría del Interior, y a todos los involucrados a perseguirlas hasta las últimas consecuencias", emplazó.
"Condenamos tajantemente este tipo de extorsiones que debilitan la democracia. Representan una amenaza al Estado, no solo a las personas que ostentan el cargo. Valoramos la actitud pronta del gobierno para enfrentarlo", escribió en X (antes Twitter) la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.
Condenamos tajantemente este tipo de extorsiones que debilitan la democracia. Representan una amenaza al Estado, no solo a las personas que ostentan el cargo. Valoramos la actitud pronta del gobierno para enfrentarlo
Desde la Alianza de Gobierno, el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, coincidió en que "cualquier amenaza hacia cualquier autoridad o persona es un hecho deleznable. Creo que afectan la intimidad y la libertad de las personas, y en ese sentido, no solamente el Gobierno sino que también los partidos hemos respaldado al ministro Cordero, quien tiene que seguir su trabajo".
"Creo que ninguna amenaza puede entorpecer la gestión de nadie, y también tienen que ser castigadas por quien corresponda", remató el vocero del oficialismo.
GENDARMERÍA REFUERZA SUS MEDIDAS PREVENTIVAS Y REACTIVAS
En tanto, durante esta jornada también se reveló de un intrusivo del director regional de Gendarmería en Valparaíso, José Luis Meza, en el que se ordena adoptar medidas preventivas y reactivas ante posibles ataques a instalaciones bajo el resguardo de Gendarmería, esto en el marco de violentos incidentes registrados los últimos días en las cárceles de Ecuador.
En el documento, se pide a los jefes de unidades "mantener actualizados los planes de emergencia destinados a enfrentar posibles ataques a las Unidades Penales o Especiales a nuestro cargo", los que además "deben ser difundidos y concientizados con el personal de servicio".
A esto se suma la importancia de mantener "actualizados los planes de enlace de personal, como también los números telefónicos de emergencia para solicitar apoyo ante la ocurrencia de este tipo de situaciones, especialmente de Carabineros y Bomberos".
Se destaca también que el personal de las Salas CCTV deberá "controlar permanente a través de paneos todos los sectores del recinto penitenciario".
En cuanto a medidas a adoptar ante eventuales ataques, Gendarmería recordó que el Decreto N° 1.316 de 1980 reglamenta que "se podrá hacer uso racional del armamento en el desempeño de sus funciones".
"Cada jefe de unidad debe disponer del tipo de armas a utilizar en los diferentes servicios", puntualiza el documento.
De todas maneras, recordó que su uso es en situaciones como "ataques a la unidad desde el exterior por elementos subversivos, ataques a funcionarios de servicios, ataques a Unidades Especiales y todos aquellos casos en que existe peligro grave e inminente para la seguridad de los establecimiento donde Gendarmería ejerce jurisdicción e integridad física de las personas".
