El profesional ejemplificó con el caso de su defendido, Víctor Montoya Encina, y Emilio Berkhoff.
"En Chile ni por lejos hemos tenido conductas que se parezcan a las descritas" en la ley, detalló.
Román criticó al Gobierno por dictar la Ley Antiterrorista en dos casos.
El abogado Rodrigo Román, defensor de Víctor Montoya Encina, imputado de instalar un artefacto explosivo en el retén de Carabineros de Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto, aseguró en Cooperativa que este Gobierno "siempre ha querido aplicar la Ley Antiterrorista" y que su eliminación sólo fue "una oferta electoral".
El profesional detalló en Una Nueva Mañana que el caso de su representado, "este chico va a juicio con la única prueba que tiene el Ministerio Público (que) son dos testigos reservados, sin rostro, no sabemos quiénes son, si existen o no existen realmente. El mismo caso está ocurriendo en el Wallmapu respecto de Emilio Berkhoff".
"Bajo el Gobierno de Michelle Bachelet se le formuló acusación de parte del Ministerio Público, yo no sé qué ha hecho la Intendencia o el Ministerio del Interior, que son los querellantes en ese caso", añadió Román.
El abogado remarcó que "claro está que un órgano del Estado autónomo, que es el Ministerio Público, acusó tanto a Montoya acá en la ciudad, como a Berkhoff en el Wallmapu y aquí en Santiago, la Intendencia como querellante particular acusó en forma particular calificando los hechos como delitos terroristas".
"Lo que se escribe con la mano se borra con el codo de un día para otro. Esta voluntad más bien parece haber sido una oferta electoral de la Presidenta en el contexto de la elección recién pasada y siempre ha querido aplicar la Ley Antiterrorista, pero en los hechos ya hay dos juicios que se están ventilando y que están siendo sustentados por esta cuestionada Ley Antiterrorista", explicó Román.
El ex candidato a diputado por Providencia y Ñuñoa aclaró que "la Ley de Conductas Terroristas dictada el año 1984, en la dictadura de Pinochet, tenía como claro propósito perseguir criminalmente a la disidencia, pero apartándose absolutamente de los principios básicos del derecho formal para el debido proceso".
"En Chile ni por lejos hemos tenido conductas que se parezcan a las descritas en las que sanciona el terrorismo como delito. Acá no hay planificación, no hay acciones de una envergadura tal que permitan infundir un temor injustificado en la población", concluyó Román.
