Francisco Solar Domínguez y Felipe Guerra Guajardo obtuvieron el beneficio de arresto domiciliario.
La Corte acusó al Ministerio del Interior de recurrir a argumentos "mediáticos".
En forma unánime, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -presidida por el juez Carlos Cerda e integrada por los ministros Manuel Valderrama y Alejandro Madrid- decidió revocar este jueves la prisión preventiva de las últimas dos personas que permanecían detenidas en el marco de la investigación del denominado caso bombas.
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| Con este veredicto, ya no hay en prisión imputados de la investigación por asociación ilícita terrorista. (Foto: UPI) |
El tribunal estimó que el antropólogo Francisco Solar Domínguez y el estudiante Felipe Guerra Guajardo -que permanecían detenidos en la Cárcel de Alta Seguridad- no constituyen un peligro para la seguridad sociedad, como argumentaban el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio de Interior.
Carlos Cerda, presidente de la sala, replicó las últimas palabras del abogado del Ministerio del Interior Sebastián Dal Pozzo, quien -indicó- no entregó en la audiencia ningún argumento jurídico nuevo que justificara la medida cautelar más gravosa, y sólo se remitió a comentar las declaraciones públicas de los defensores, quienes han asegurado en las últimas horas que la acusación construida por la Fiscalía se está "derrumbando".
La salida de prisión de los dos hombres sigue la tendencia de los últimos días, cuando fue otorgado el beneficio de arresto domiciliario para Omar Hermosilla, Andrea Urzúa y Mónica Caballero, Camilo Pérez y Carlos Riveros, Vinicio Aguilera y la de los presuntos líderes de la organización ilícita Rodolfo Retamales y Pablo Morales.
"Esto lo relacionaba (Dal Pozzo) con lo que no le interesa a los jueces, que es este ambiente mediático, en el sentido de que los cargos respecto de los acusados estarían 'cayéndose'. (Pero) los jueces no se guían por aquello", sentenció el magistrado.
En total fueron 14 las personas detenidas en agosto del año pasado en el marco de la investigación encabezada por el entonces fiscal Alejandro Peña. Anteriormente, desde 2006, las indagaciones habían sido dirigidas por el hoy también renunciado Xavier Armendáriz.
En febrero, los imputados iniciaron una huelga de hambre en protesta por sus condiciones carcelarias y por la invocación de la ley antiterrorista por parte de la Fiscalía.
