Magistrados y sumario a juez: Ministerio Público ejerce presión indebida sobre el Poder Judicial

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Autor: Cooperativa.cl

Leopoldo Llanos sostuvo que la finalidad del recurso contra juez Avilés es "atemorizar a los jueces".

El abogado de uno de los imputados en el "caso Bombas" llamó a la Fiscalía a investigar "en serio" las explosiones.

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El Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, fustigó al Ministerio Público al considerar que ejerció una presión indebida sobre el Poder Judicial, en relación al sumario que abrió la Corte Suprema en contra del juez del Octavo Juzgado de Garantía, Luis Avilés, por criticar el actuar de la Fiscalía Sur en el denominado "caso Bombas".

ImagenEl Ministerio Público presentó una queja disciplinaria en contra del magistrado, luego que éste señalara que la Fiscalía Sur utilizaba argumentos de "cuarta categoría" y "sicología barata" al iniciarse el proceso de preparación del juicio oral en el caso de las explosiones en Santiago.

"Aquí se está ejerciendo una presión indebida sobre el Poder Judicial, porque la finalidad es atemorizar a los jueces. Aquí existe una política generalizada de parte del Ministerio Público de presionar las decisiones judiciales, ya sea por la vía disciplinaria o incluso a través de la persecución penal, y eso nos parece muy grave", sostuvo Llanos.

Por su parte, el abogado Mauricio Daza, defensor de Pablo Morales -uno de los acusados en el citado caso- indicó que el Ministerio Público debe dedicarse a investigar en serio las explosiones en Santiago.

"Más que tratar de utilizar una queja disciplinaria con la finalidad de instrumentalizar esta vía para victimizarse, lo que debiera hacer es de una buena vez tomarse en serio de la colocación de artefactos explosivos en Santiago y empezar a investigar quienes están detrás de esto y no seguir atrapados en una imputación hecha en forma irresponsable hace un año", afirmó el abogado.

El ministro Carlos Cerda, a cargo del sumario, tiene un plazo de 30 días para enviar su informe al pleno del máximo tribunal, donde el juez Avilés arriesga sanciones que van desde la amonestación verbal hasta la supensión de funciones.

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