La mayor pena fue para el general en retiro Arturo Alvarez Scoglia y los brigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer, que deberán cumplir con ocho años de cárcel.
La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó de manera unánime la resolución de la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, respecto a las condenas contra los ocho responsables intelectuales y materiales del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, en febrero de 1982.
Por decisión de mayoría, los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, Milton Juica Arancibia y Nibaldo Segura Peña le otorgaron ocho años de prisión al general (r) Ramses Arturo Alvarez Scoglia e igual condena a los brigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, como también a los suboficiales Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo.
Por su parte, el general (r) y auditor general del Ejército Fernando Torres fue condenado a 800 dias de pena remitida como encubridor del crimen.
A los generales (r) Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y Hernán Ramírez Hald, director del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), se les condenó a 800 días de presidio remitido en calidad de encubridores.
Además, se ratificó que fueron absueltos el coronel Enrique Ibarra Chamorro y el agente civil Jorge León Alessandrini.
El ministro José Luis Pérez realizó un voto disidente, estimando un aumento en las penas para Álvarez a 20 años, Ferrer a 15 y Ramírez Rurange y Ramírez Hald, a 3 años y un día.
La resolución de 75 páginas aún no ha sido notificada a los abogados, pero, según fuentes del máximo tribunal, ya fue firmada por los cinco magistrados que integran la sala.
El autor material del homicidio, Carlos Herrera Jiménez, fue condenado por el juez Sergio Muñoz a la pena de presidio perpetuo, lo cual fue confirmado por la Corte Suprema en junio de 2003.
Tras conocer la noticia, el hijo del lider sindical asesinado, Tucapel Jiménez Fuentes, señaló estar seguro que el resposable de la muerte de su padre es el ex dictador Augusto Pinochet, aunque indicó que cree que "el país lo ha juzgado, el mundo lo ha juzgado y sabemos perfectamente que él dio la orden de asesinar a nuestro padre, pero también somos muy realistas y sabemos que en este país no se va a juzgar a Pinochet y él nunca va a estar preso".
El 25 de febrero de 1982, pasadas las 09:30 horas (12:30 GMT), Tucapel Jiménez Alfaro, entonces presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), salió de su casa en la población Villa España, comuna de Renca, en su taxi Datsun 150 con el que trabajaba cuando la actividad sindical se lo permitía.
El líder gremial iba a encabezar una reunión convocada por él mismo para las 10:00 horas a la sede de la agrupación, en Alameda, con el fin de crear un frente laboral unitario de oposición al régimen militar.
Según consta en el proceso, al salir de su hogar, dos sujetos se subieron al vehículo simulando ser pasajeros y le indicaron dirigirse por el camino Renca-Lampa.
Eran el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y el suboficial Miguel Letelier Verdugo. Mientras, el suboficial Manuel Contreras Donaire los siguió en un automóvil Peugeot.
En Pudahuel, Carlos Herrera Jiménez le hizo parar el vehículo, le dijo que estaba detenido y luego le disparó. Posteriormente, los atacantes abandonaron el lugar del crimen en el segundo vehículo.
