Ex juez argentino es requerido por la justicia de su país.
Está acusado de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Videla.
Romano está con arresto domiciliario desde 2011.
La sala penal de la Corte Suprema ratificó de manera unánime el fallo del ministro Sergio Muñoz que el 18 de junio pasado accedió a la petición de la justicia argentina para extraditar al ex fiscal y ex juez de ese país Otilio Romano Ruiz.
De esta manera, el máximo tribunal desechó la apelación interpuesta por la defensa de Romano, abogado Claudio Feller, en el sentido de que Argentina no había respetado el principio de reciprocidad cuando negó enviar a Santiago al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Galvarino Apablaza, acusado del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán en 1991.
En el fallo unánime redactado por el ministro Milton Juica se señala que "por existir obligaciones de rango superior contraídas por el Estado chileno a través de tratados internacionales y se ha obligado respetar y cuyo incumplimiento deriva en una responsabilidad internacional, el hecho de que el eEstado requiriente haya puesto en su momento en una situación que conllevó a infringir el principio de reciprocidad no tiene como efecto que nuestro país incurra en infracción de dichas normas legales".
Romano enfrenta cargos remitidos por el juez federal de Mendoza Walter Ricardo Bento en enero de 2012 que apuntan a la privación ilegítima de libertad de 34 personas, la privación de libertad de 36 detenidos, torturas a 36, allanamiento ilegal de cuatro viviendas, hechos ocurridos entre 1975 y 1983, durante la dictadura del recientemente fallecido general Jorge Rafael Videla.
Romano permanece desde agosto de 2011 en un departamento en Reñaca con orden de arraigo y arresto domiciliario nocturno. En los próximos días será puesto a disposición de la justicia argentina.
Querellante diferenció este caso con el de Apablaza
El abogado querellante en la causa, Diego Lavado, diferenció la extradición del juez Romano con lo vivido con Galvarino Apabalza ya que "en el caso de los delitos que se le atribuyen a Romano son considerados delitos de lesa humanidad. En el caso de los que se le atribuyen a Galvarino Apablaza, más allá de la gravedad que puedan tener y las repercusiones políticas, no encuadran dentro de esa categoría".
Respecto al dictamen de la Corte Suprema, Lavado señaló que "la acusación era seria, la cantidad de delitos son más de 100 los que se le atribuyen a esta persona y, por lo tanto, la extradición tenía que proceder, por eso creo que era esperable esta resolución de la corte chilena y lo que queda ahora es terminar la última etapa, la coordinación entre las autoridades argentinas y chilenas para proceder al traslado de esta persona".
