Este miércoles comenzaron en la Corte Suprema los alegatos por el juicio en contra del ex sacerdote, acusado de nueve abusos sexuales y un estupro contra menores en Quilicura.
Luis Arévalo, abogado del ex religioso José Andrés Aguirre Ovalle, solicitó durante los alegatos en la sala penal de la Corte de Apelaciones que se rebaje la pena de 12 años de cárcel a la que fue condenado su defendido en agosto de 2003, teniendo en cuenta atenuantes que no fueron consideradas por la Corte de Apelaciones de Santiago cuando confirmó la sentencia dictada por la jueza Rosa María Pinto.
"Existían a su favor cuatro circunstancias atenuantes de responsabilidad y ninguna agravante, lo que a nuestro concepto permite aplicar el inciso tercero del artículo 68 del Código Penal, para rebajar la pena en uno o tres grados", recalcó Arévalo.
"En definitiva, se traduce en que estos 12 años a que fue condenado pueda ser reducido a una pena menor", añadió.
Además de la condena por nueve casos de abuso sexual y uno de estupro (coito con una persona mayor de 12 años y menor de 18, prevaliéndose de superioridad), el llamado "cura Tato" está obligado a cancelar, en pago solidario con la Iglesia Católica, la suma de 100 millones de pesos en indemnización.
Esta medida será alegada por la jerarquía eclesiástica a partir del jueves 14 de octubre cuando el abogado Alfredo Etcheberry presente sus descargos a nombre de Arzobispado de Santiago.
Este miércoles, el abogado querellante Pablo Escobar ya solicitó al máximo tribunal que incremente la indemnización.
Mañana jueves, en tanto, presentará sus alegatos el Servicio Nacional de Menores (Sename).
El "cura Tato" fue detenido en 2001 luego que se hicieran públicas las denuncias de algunas menores de la comuna de Quilicura sobre los abusos a que fueron sometidas por el ex sacerdote, causa que asumió la jueza Pinto, que en agosto de 2003 dictó la condena de primera instancia, a 12 años de cárcel y con una indemnización de 50 millones de pesos.
El 6 de julio, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la pena y aumentó la compensación económica a 100 millones de pesos.
