La Fiscalía de Ñuble formalizó este martes una investigación por delitos de corrupción contra cuatro funcionarios públicos de la Municipalidad de San Ignacio (incluido su alcalde, César Figueroa); otro del municipio de Ñiquén y dos particulares. Cuatro de los siete imputados quedaron en prisión preventiva, como pidió la persecutora Nadia Espinoza.
Presentado ante el Juzgado de Garantía de Bulnes, el alcalde César Alberto Figueroa Betancourt (independiente, ex UDI) fue imputado por delitos de cohecho, fraude al fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos, y quedó sujeto a prisión preventiva.
El jefe comunal fue detenido el viernes junto a los otros funcionarios, el sábado se controló su detención y su imputación de cargos se realizó este martes. La fiscal Espinoza detalló que a él se lo investiga por dos delitos de cohecho, uno de fraude al Fisco, dos falsificaciones de instrumento público y un delito de malversación de caudales públicos.
Además de Figueroa, quedaron encarcelados el director de Salud del municipio, Krysler Sebastián Monroy Castillo, imputado por fraude al fisco y cohecho; el empresario chilllanejo Rodrigo Andrés Carmona Olivares, investigado por cuatro sobornos, estafa frustrada y violación de secretos; y su colaborador Rodrigo Alejandro Sandoval Terán, un "operador político" que fue formalizado por tres sobornos y una estafa frustrada.
La jueza de garantía Claudia Aguayo ordenó el ingreso de estos imputados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, el jefe de gabinete de la Municipalidad de San Ignacio, Edgardo Antonio Suazo Jiménez, investigado por dos delitos de cohecho y dos de fraude al Fisco, deberá cumplir la cautelar de arresto domiciliario total.
El tesorero municipal de San Ignacio, Hugo Basthian Troncoso Salazar, imputado por cohecho, quedó con arraigo nacional, firma mensual ante Carabineros, prohibición de acercarse al municipio y de comunicarse con los otros imputados.
Por otr lado, el funcionario de la Municipalidad de Ñiquén Carlos Bernabé Fernández Aedo, imputado por los delitos de violación de secreto y cohecho quedó con las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la Municipalidad de Ñiquén y de comunicarse con los otros imputados.
El tribunal fijó un plazo de siete meses para la investigación de la causa.
El viernes, luego de que la fiscal Espinoza solicitara al Juzgado de Garantía de Bulnes órdenes de entrada, registro e incautación, se realizaron diligencias en dependencias de las municipalidades de San Ignacio, en la Región de Ñuble; y de Graneros, en la Región de O'Higgins, hasta donde también se extienden las indagatorias.
La fiscal Nadia Espinoza decretó, previo a esa diligencia, el secreto de la investigación, por lo cual no se entregó más información que el resultado formal de la audiencia de formalización, que se extendió por más de siete horas.
Sólo se detalló que la indagatoria incluyó interceptación de teléfonos y seguimientos, y detectó que los imputados se concertaron para adjudicar irregularmente procesos de licitación de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio y otras casas edilicias durante el año 2022.
