En el marco de las indagatorias por el caso convenios, la Policía de Investigaciones (PDI) -tras una orden de la Fiscalía Regional de Tarapacá- realizó este jueves una serie de allanamientos en diversas oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
La información fue confirmada por el propio Minvu, que a través de una declaración pública destacó que "está prestando toda la colaboración posible en el marco del procedimiento de registro de entrada e incautación que efectúa" el Ministerio Público.
Según detalló, el procedimiento policial "está acotado a las dependencias de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la División de Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios".
"Cabe señalar que se trata de una autorización voluntaria y en el marco de una denuncia hecha por el mismo Ministerio en la Región de Tarapacá relacionada con las fundaciones Enlace Urbano y En Red por convenios suscritos desde 2021", puntualizó la cartera.
Subrayó también que desde el estallido del escándalo "esta Secretaría de Estado ha colaborado con los requerimientos de la institucionalidad en el marco del caso Convenios-Minvu, entregando toda la información sobre el particular".
Pese a que se trata de una denuncia realizada por la propia cartera, fue el Juzgado de Garantía de Iquique el que ordenó el allanamiento después de que el Ministerio no contestara al menos cuatro oficios, en los que se solicitaba información -entre otros asuntos- sobre el rol de Aldo Bastías, director técnico de la fundación En Red y exanalista del programa Asentamientos Precarios del Minvu, puesto al que renunció poco después de la asunción del actual Gobierno.
Una indagatoria interna del Minvu encontró boletas de una empresa proveedora de la fundación En Red que está ligada a un familiar directo de este exfuncionario.
Al respecto de los oficios no contestados, la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, explicó en un punto de prensa -junto al ministro Montes y la ministra Camila Vallejo- que en marco de la investigación se recibieron tres oficios de la Fiscalía de Tarpacá que solicitaban información, los que respondieron oportunamente.
No obstante, un cuarto oficio del ente persecutor llegó pidiendo información complementaria sobre una misma materia y una funcionaria pensó equivocadamente que ya había sido respondido.
"Los tres oficios de la Fiscalía son contestados oportunamente, y el cuarto pide, respecto de uno de esos, precisar y complementar información. La funcionaria vio la misma materia y pensó que era el mismo oficio ya contestado. Eso se clarifica ahora y se está complementando la información", precisó la subsecretaria.
FISCALÍA DESTACA COLABORACIÓN
El fiscal jefe de Tarapacá, Eduardo Ríos, confirmó que aquello "fue muy bien aclarado por el señor ministro y estamos conformes con la respuesta, es más, la información requerida fue entregada hoy".
También explicó que los allanamientos se trataron de una orden de tribunales, autorizada sin comunicación, es decir, sin avisar al titular de la cartera.
No obstante, destacó que a primera hora se le pidió voluntariedad al ministro Montes, quien inmediatamente confirmó la disposición suya y de toda la repartición pública para colaborar con la investigación.
"Se están realizando diversas diligencias, la orden fue comunicarse con ministro Montes que de manera llana, completa y absoluta se comprometió directamente con todo el equipo para colaborar. Todos los estamentos del ministerio han colaborado absolutamente", sostuvo.
En esa línea, detalló que "no solo nos van a entregar la información que la orden señalaba, sino también mucha más información, lo cual agradecemos y nos permitirá avanzar en la investigación. Esto se trata de antecedentes relacionados con procesos administrativos de estos proyectos, convenios y fundaciones, que es lo que estamos levantando el dia de hoy junto a la policía".
Montes consideró asimismo que la diligencia "no tiene que ver con ese oficio, sino con la idea de reunir un conjunto de información a través de nuestro sistema". Igualmente subrayó que "lo más importante es que nosotros hicimos la denuncia, somos los denunciantes".
UDI INSISTE EN PEDIR LA RENUNCIA DE MONTES
Las diligencias fueron abordadas con ojo crítico desde la oposición.
"Es tiempo de que el Gobierno ayude de verdad para encontrar la verdad en el denominado caso convenios, y no solo de la boca para afuera. Es impresentable que porque no se les responden bien las cosas (a la Fiscalía) se tenga que allanar oficinas del Gobierno", deploró el diputado José Miguel Castro (RN), quien presidió la comisión investigadora sobre la trama.
Asimismo, fustigó que "echa por abajo por completo lo que nos informó Miguel Crispi en la comisión de convenios, donde dijo que solamente se sabía de un rumor. Eso es estar mintiendo o es estar ocultando la verdad".
el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) emplazó al Presidente Gabriel Boric a "poder enfrentar la situación, pidiéndole la renuncia al ministro (Carlos) Montes y la remoción de todos los seremis de vivienda involucrados a lo largo de Chile".
"Valoramos el trabajo del Ministerio Público, que está haciendo la pega. Pero, Presidente, a esta altura ya depende de usted dar señales claras y concretas", advirtió el parlamentario.
La ministra Vallejo, en respaldo del ministro Montes, fustigó que "es inconcebible que algunos pretendan que le pidamos la renuncia por una denuncia que interpuso contra un exfuncionario que viene la Administración anterior".
