Hasta el Centro de Justicia llegó este martes la directiva de Revolución Democrática (RD), encabezada por su presidente, Juan Ignacio Latorre, para presentar una querella contra quienes resulten responsables respecto al escándalo político referido a los convenios suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, que involucra a militantes del partido.
El también senador ha tenido que mutar su posición inicial, desde cuando subrayó que había un "descriterio político" pero no irregularidades, a tener que presentar ahora una acción penal para determinar responsabilidades delictivas.
Hoy, explicó que "en una primera etapa, con la información que teníamos, estaba todo en regla, (sobre) que ésta era una fundación más que prestaba servicio por trato directo, que es una práctica que se viene dando desde el año 2019 -eso implica también al Gobierno de Piñera-.
"Pero a medida que se van conociendo más antecedentes, hay ya sospecha de delitos. En ese sentido debemos tener una sospecha lúcida con todas las personas que podrían estar involucradas, porque nos interesa aclarar que cualquier delito cometido por algún militante de Revolución Democrática, vinculada a esta fundación Democracia Viva, no van a tener cabida en nuestro partido, cualquier persona, caiga quien caiga", sostuvo.
En la solicitud de diligencias se pide al Ministerio Público que cite a declarar en dependencias de la Fiscalía, en calidad de víctimas, testigos o de imputados a una serie de militantes de RD, entre ellos, Carlos Contreras, Daniel Andrade, Daniela Dresdner (delegada presidencial del Biobío) y también a la diputada Catalina Pérez.
Desde la oposición, el diputado UDI Jorge Alessandri sostuvo que "la Fiscalía, el Ministerio Público tiene que dilucidar si el partido estaba involucrado en esta fórmula para sacarle recursos al Estado. Si el partido va a ser imputado, no podría ser querellante, no podría tener acceso a la carpeta investigativa porque sería como tener al gato cuidando la carnicería".
MONTES VIAJA A ANTOFAGASTA
En paralelo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), viaja esta tarde a Antofagasta para entregar más antecedentes a la Fiscalía Regional, que está investigando el polémico caso.
Antes, el titular de Vivienda se reunió en La Moneda con su par de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para poder coordinar toda la información que Montes va a entregar esta jornada a la Fiscalía Regional de Antofagasta.
"Voy a tres razones. Uno, a ir a los campamentos a ver realmente lo que se ha hecho, porque se dicen cosas por aquí y por allá. En segundo lugar, voy a conversar con las autoridades y los dirigentes y en tercer lugar con el fiscal, (a quien) le voy a entregar todo el material que tenemos", detalló Montes.
Y añadió que "la misma información que vamos a entregar aquí al Ministerio Público, se lo vamos a entregar al Consejo de Defensa del Estado".
En específico, verificará si existen las obras comprometidos por Democracia Viva en el campamento EcuChilePe, donde viven familias ecuatorias, chilenas y peruanas.
"Nosotros creemos que han aumentado los campamentos, y por otro lado ocurrió este hecho. Frente al aumento de los campamentos y a este hecho, tenemos que modificar el sistema", añadió.
Posteriormente, se refirió a la situación de algunas personas presuntamente contratadas por fundaciones u ONG y que estarían trabajando en el Minvu. "Yo no conozco ningún caso de una persona que trabajara en el Minvu y que recibiera plata de las fundaciones. Lo que ocurre aquí es que algunas fundaciones contrataban personas que se iban a trabajar al ministerio para efectos de hacer un seguimiento de los proyectos. Es (algo) totalmente distinto", comentó.
Luego, expuso: "Un funcionario público, cualquiera de acá, que reciba un sueldo de afuera es un delito muy fuerte. Una persona que es contratada por una institución y que se va a trabajar para complementar el equipo de él, también es un delito, aunque tendrá el fiscal que determinar cuál es, pero es distinto. Lo único que quiero decir es que hay contratos de personas con ONG, varias, creemos que son seis personas, no más que eso. Y esas personas fueron contratadas por las fundaciones y cumplían funciones de apoyo en Seremi o Serviu. Funciones de apoyo con la remuneración que le daba la organización de origen, que no es el mismo. Algunas (personas) sí, parece que sí, no estamos en condiciones, no hemos podido llegar al detalle, eso lo tiene que hacer el fiscal", comentó extensamente.
Finalmente, Montes indicó que "los dirigentes nos han dicho que las obras se han hecho parcialmente, y ellos quieren que se terminen las obras que tienen que ver con sus necesidades, fundamentalmente iluminación, agua de consumo y agua para incendios. Al fiscal nosotros le vamos a entregar cuatro archivadores, incluyendo algunas hojas con preguntas, entre otras cosas, respecto a las obras que se hicieron, nos interesa saber los costos, cómo llegaron a esos costos, de qué manera".
"Aquí el punto más polémico que hasta el momento es que con parte de estos recursos se habría pagado a profesionales para que contribuyeran en la Seremi en el control de los proyectos y eso es algo que está fuera de los marcos legales", cerró.
Por su parte, el director del Serviu Antofagasta, Ricardo González, afirmó esta situación "son sistemas de apoyo y de trabajo que vienen desde administraciones anteriores. De hecho, la Fiscalía lo que nos pidió son antecedentes desde el 2015 en adelante".
Asimismo, se ha propuesto recabar antecedentes de otras fundaciones u organismos que han recibido financiamiento de la misma cartera para realizar trabajos con la comunidad y verificar si esos dineros fueron bien utilizados o no, un trabajo de verificación que en su momento no hizo la exsubsecretaria Tatiana Rojas, a quien ya se le solicitó su renuncia.
La idea que se evalúa desde el Gobierno es poder modificar el mecanismo de transferencias directas, lo cual ha sido cuestionado en el polémico caso convenios.
