La filtración de un correo electrónico reveló que el Ministerio de Vivienda había sido advertido en mayo pasado sobre los convenios con fondos públicos cercanos a los 426 millones de pesos entre la fundación Democracia Viva, de Daniel Andrade, pareja de la autosuspendida vicepresidenta de la Cámara Baja, Catalina Pérez, y Carlos Contreras, entonces seremi del Minvu de la Región de Antofagasta -actualmente renunciado-, todos militantes de Revolución Democrática (RD).
Así consta en un mail enviado el 2 de mayo por la Asociación de Funcionarios del Serviu, presidida por Carla Olivares, quien puso entre los destinatarios de la información a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (también militante de RD), además de un extenso listado de autoridades de la cartera que encabeza el socialista Carlos Montes.
El documento, publicado por El Mercurio y Mega, ya alertaba en su inicio: "Junto con saludar, me dirijo a ustedes en calidad de presidenta de la Asociación de Funcionarios Serviu, para exponer una situación delicada y compleja que desde hace un tiempo y a la fecha ha estado atravesando el equipo de Asentamientos Precarios, por lo que pido a todos y todas atender la problemática que hoy estamos atravesando por responsabilidad única del Sr. Carlos Contreras, seremi Minvu, Región Antofagasta".
Dicho programa "desarrolla su intervención en los diferentes campamentos de la región a través de una serie de convenios de colaboración entre seremi-Minvu-Serviu y fundaciones. Desde el momento en que el seremi asume sus funciones, se nos ha marginado de toda decisión respecto de temas de relevancia para nuestra labor. Desde hace un tiempo se han presentado algunas situaciones que nos preocupan, dado que a juicio del equipo —al cual también pertenezco— no se estaría dando cumplimiento a la Cláusula Tercera de los Convenios 'sobre la correcta utilización de los recursos'", apuntó el correo, colocando en letras mayúsculas la cláusula tercera y entrecomillado el buen uso de recursos.
Al enumerar "los temas que resultan de alta complejidad", el mail alertó que "la fundación Democracia Viva actualmente posee 02 Convenios cuyo Director —quien firmó los convenios— es la pareja de la Diputada Srta. Catalina Pérez, lo que nos parece complejo puesto que el seremi es del mismo partido político. A su vez, dicho Director celebró estos convenios en el mes de octubre de 2022, mismo mes en el cual ya era asesor del Ministerio de Defensa".
"SE JACTA DE SER AMIGO..."
De acuerdo a El Mercurio, después de no tener eco entre las autoridades de Vivienda, los funcionarios contactaron al diputado por Antofagasta Jaime Araya (independiente- PPD).
Ese mensaje, según reprodujo el propio parlamentario al matutino, decía lo siguiente: "Hola, me conseguí su contacto por la desesperación que tenemos por la forma en que hemos sido amenazados por parte del seremi de Vivienda de Antofagasta, quien se jacta de ser amigo personal de la diputada Catalina Pérez, que además es vicepresidente de la Cámara. Son tantas las irregularidades que hemos denunciado, y por eso estamos siendo maltratados y perseguidos".
Araya señaló al periódico que "el día 01 de junio me enviaron por WhatsApp copia del correo que contiene la denuncia de los funcionarios de Serviu, inmediatamente requerí más antecedentes y no tuve respuesta, por lo que he estado recopilando antecedentes más precisos, a través de fuentes abiertas. En el correo se aprecia claramente que en mayo los funcionarios advirtieron esta situación a sus superiores".
El legislador añadió que "son antecedentes graves", indicando que "la ley de probidad es clarísima al señalar que cualquier funcionario público debe abstenerse de tomar alguna decisión que favorezca a cercanos, sean amigos o familiares, ese deber de abstención lo tenían el seremi de Vivienda y el presidente de la fundación. Ellos deben explicar quién llamó a quién para concretar esto".
"Por lo demás si los propios convenios impedían la entrega de recursos,. si había rendiciones pendientes. ¿cómo fue posible que entregaran recursos en una segunda y tercera oportunidad? Hay muchas preguntas y pocas respuestas", añadió.
El ministro Montes aseguró este miércoles que "lo sensato y razonable es que la fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados", dado que, en caso de no hacerlo, el propio Gobierno iniciará un proceso de término para concretar esa acción.
Por otra parte, el líder de la cartera de Vivienda destacó que "la voluntad del Gobierno y de este Ministerio en particular, es colaborar muy proactivamente con la investigación penal que abrió el Ministerio Público la tarde de ayer: nosotros vamos a apoyar con todo esa investigación".
Para esto, desde el Ejecutivo decidieron enviar un equipo investigador a la Región de Antofagasta y entregar -tras una ardua tarea de recopilación- todos los antecedentes relevantes a Fiscalía.
"Asimismo, como Ministerio instruimos un sumario administrativo que tendrá como objetivo final esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas, así como cambiar el sistema de transferencia de recursos y sus procesos establecidos en el año 2015 y aplicado por primera vez en el año 2019", profundizó Montes.
