El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a dos funcionarios municipales a cinco años de presidio efectivo por el delito reiterado de facilitación fraudulenta de licencias de conducir, contemplado en el Artículo 190 letra a de la Ley de Tránsito.
Se trata de José Miguel Elizondo Rojas y Waldo Enrique Carvallo Pavez, "que son funcionarios municipales activos de la Municipalidad de Coltauco", destacó el fiscal jefe de San Vicente, Claudio Riobó.
El persecutor explicó que la investigación del Ministerio Público y el posterior juicio permitió acreditar que, entre 2014 y 2018, en al menos cuatro ocasiones distintas estos trabajadores de la Dirección de Tránsito "ayudaban a las respuestas de las pruebas teóricas e incluso obviaban el examen psicotécnico y práctico" de los postulantes; algunos que "incluso no habían completado la enseñanza básica", a cambio de pagos de entre 60 mil y 150 mil pesos.
En un primer hecho acreditado, se determinó que Elizondo Rojas "modificó los tres test exigidos para la obtención de la primera licencia clase B" de un hombre llamado Manuel Enrique Faúndes Padilla, quien testificó en el juicio, y "así emitió los documentos (...) de aprobación de la prueba de conocimientos y el examen práctico, (...) en circunstancias que las mismas no fueron rendidas por el postulante".
En su sentencia (ver archivo adjunto), el Tribunal indicó que la Fiscalía logró "demostrar que los imputados ganaron dinero con la tramitación y emisión de las licencias de conducir" de Alex Osorio Trincado, Waldo Alfredo Medina Viñarta y Víctor Enrique Castro Venegas, "usando para ello su cargo de administrativos de la Dirección de Tránsito (...) entre los años 2014 al 2018 (cargos no cuestionados por las defensas), dado que eran examinadores de la prueba teórica".
Los condenados también "intervinieron en pruebas médicas, como en el caso de Osorio Trincado, y aprobaron test prácticos sin haberse rendido dichas pruebas de habilidades, como en el caso de Medina Viñarta y Castro Venegas. Ello les permitió utilizar diversos subterfugios para completar las carpetas de los postulantes para presentarlas ante la directora de Tránsito, quien terminó por visar los permisos de conducir solicitados sin que se cumpliera con las exigencias legales necesarias, permitiendo con su actuar, la obtención indebida de los citados documentos por parte de los mencionados solicitantes".
El tribunal aplicó a los dos sentenciados las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.
La decisión se adoptó con el voto en contra de la jueza Paola González, quien estuvo por absolver a los acusados por tres de los cuatro hechos.
