El Ministerio Público sumó sospechas por eventual lavado de activos en el caso de Democracia Viva, en el que ya indaga los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, por lo que decretó el secreto de la carpeta investigativa hasta el próximo año.
Según La Tercera, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, a cargo de la causa, solicitó el pasado 23 de junio a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que remitiese todos los antecedentes relativos a Reportes de Operación Sospechosa (ROS), Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) y Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) de la fundación, su representante legal Daniel Andrade, el exseremi del Minvu Carlos Contreras, la diputada Catalina Pérez y la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas.
Siete días después, la UAF informó que existían informes ROE de Pérez, Gutiérrez y Rojas, y antecedentes ROS referentes a Contreras y Democracia Viva.
Además, el documento enviado por la Unidad daba cuenta de que en mayo de este año había recibido "un reporte de operaciones sospechosas remitido por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu Región de Antofagasta), el cual informa acerca de los resultados obtenidos del proceso de auditoria al funcionamiento del Programa de Asentamientos Precarios, que concluye con la existencia de diversas situaciones calificadas de criticidad relacionadas con deficiencias de control en diferentes procesos administrativos del referido programa, tales como: a) concepto de canon de arriendo de oficina; b) cantidad importante de rendiciones atrasadas y c) rendiciones de cuenta que en determinadas oportunidades existen fluctuaciones de sueldos".
El referido reporte advirtió que "el proceso de auditoria únicamente consideró una muestra de los convenios suscritos con entidades, por lo cual existen otras que no fueron consideradas en la revisión: de aquellas no consideradas, resulta relevar el convenio suscrito con la Fundación Democracia Viva, toda vez que su representante legal es don Daniel Francisco Andrade Schwarze, miembro del partido político Revolución Democrática, al cual, igualmente, pertenece el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta don Carlos Andrés Contreras Gutiérrez".
Los cuatro señalados han sido parte de RD: tras el estallido del escándalo, la tienda expulsó a Andrade y Contreras y a Pérez le suspendió su participación, mientras que Rojas -que fue removida de la Subsecretaría a raíz del caso- sigue militando.
INVESTIGACIÓN SECRETA, AL MENOS, HASTA FEBRERO
Ante la sospecha de un nuevo delito, el fiscal Aguilar decretó el secreto de la investigación por seis meses, hasta febrero del próximo año, por lo que restringirá al máximo la posibilidad de que los intervinientes -querellantes y defensas- accedan al expediente de la causa, decisión que ya fue comunicada a los abogados de las partes, de acuerdo con La Tercera.
Sergio Rodríguez Oro, que representa a Republicanos como querellante, confirmó que fueron informados de la determinación, y comentó: "En la medida en que la reserva sea útil para cumplir alguna diligencia, nos parece correcto. Pero si es debido al hecho de que se trata de una causa que es noticia, instaremos porque se levante, ya que actualmente hay diversas diligencias y declaraciones de imputados que se han decretado y se encuentran pendientes, las cuales debemos conocer para poder colaborar con el fiscal".
Los abogados Felipe Barruel y Susana Borzutzky, defensores de la Fundación ProCultura -que es objeto de investigación en la causa y también figura como denunciante-, señalaron que estudiarán "los mecanismos para poder reclamar sobre los alcances y efectos de una medida de secreto como las que afectan todas las investigaciones", a fin de que no se vulnere el debido proceso.
"En este caso resulta llamativo que se dicte secreto en toda la causa. Se debería separar la investigación y dejar sin efecto el secreto en las aristas en que no existe presunción de lavado de activos, pues como defensa nos deja a ciegas e imposibilita ejercer una defensa eficiente y oportuna, para así culminar la causa sin dilaciones", reprocharon.
En la arista administrativa, la Corte Suprema validó esta semana la decisión de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta que, en julio, puso término anticipado a los tres contratos suscritos -por 426 millones de pesos- entre el entonces seremi Contreras y Democracia Viva, representada por Andrade.
Anteriormente, el 31 de agosto, la Contraloría General de la República confirmó que hubo corrupción en el caso, y el contralor Jorge Bermúdez advirtió que será "casi imposible" recuperar la totalidad de los recursos entregados a la fundación: el único camino es requerir la devolución mediante un juicio.
