A fines de diciembre, el imputado por el caso convenios y representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, emitió una declaración pública en la que consideró que su prisión preventiva es una "injusticia" y en la que detalló parte de su día a día tras la rejas, destacando que montó un taller de inglés y que intentaría levantar una nivelación de lenguaje y matemáticas para sus compañeros de reclusión.
Según reveló La Tercera PM, para concretar esto, el pasado 2 de enero sus abogados - José Ignacio Figueroa y Juan Pablo Roncone- elevaron una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta para ingresar al recinto "una pizarra acrílica, plumones, borrador y algún otro material que sea necesario para poder, en la medida de lo posible, hacer clases a otros internos con los que comparte dicho lugar".
En el escrito, los juristas destacaron "la calidad profesional de nuestro representado, quien es ingeniero civil mecánico", para poder realizar estas clases mientras se mantiene en Módulo 90 de la Cárcel de Antofagasta.
La petición no se podrá concretar por el momento. El juez Andrés Santelices resolvió el 3 de enero que se debe, primero, contar con un informe de Gendarmería que explicite "la factibilidad de ingresar los elementos indicados".
El trámite, según advierten funcionarios de Gendarmería, no es rápido ni simple, dado que todos los pedidos deben ser evaluados en mérito y si están las condiciones, mientras que unas clases también deben ser reguladas.
A esto se sumó el pedido de Andrade de poder tener una videoconferencia con su madre, ya que esta vive en Santiago y estaría imposibilitada de viajar a Antofagasta, hecho que -al igual que la situación de las clases- está a la espera de un "informe de factibilidad".
ALLANAMIENTO EN EL PABELLÓN
La bullada publicación que realizó Andrade ha sido objeto de críticas desde diversos sectores políticos, sobre todo por un presunto uso de celular al interior de la cárcel, algo que está tipificado como un delito.
Debido a esto, La Tercera informó que la tarde de este jueves funcionarios de Gendarmería realizaron un allanamiento en el pabellón donde está el fundador de Democracia Viva, con el objetivo -detallaron- de identificar elementos prohibidos.
Finalmente, se reveló que no se encontraron dispositivos tecnológicos en poder del imputado.
