Pablo Toledo fue detenido en la Universidad de Concepción en marzo de 2012.
Fue imputado por los delitos de porte ilegal de artefacto explosivo y maltrato a la autoridad.
La defensa del joven solicitará la nulidad del proceso.
Pablo Toledo, estudiante que fue detenido en una manifestación en las afueras de la Universidad de Concepción en marzo de 2012, fue declarado culpable de porte ilegal de artefacto explosivo y maltrato a la autoridad.
Éste fue el segundo juicio del caso, en el cual Toledo fue acusado de lanzar una bomba molotov a un carro de Carabineros.
El fiscal jefe Octavio Stuardo explicó que el joven "arrojó un artefacto incendiario en contra de un carro policial, el cual se inflamó".
"Estalló la bomba molotov y el sujeto fue detenido en las proximidades", indicó Stuardo, quien destacó que en la región éste "es el primer caso donde nosotros logramos condenar a un encapuchado por arrojar bombas molotov a personal policial".
En el primer juicio, Toledo fue absuelto, pero en esta ocasión un grupo distinto de jueces declaró de manera unánime su culpabilidad.
Defensa buscará llegar a un tercer juicio
Tras la audiencia, el joven reafirmó su tesis de que estuvo en el lugar pero no arrojó la bomba. Su madre, Cristina Sepúlveda, calificó la acusación como una mentira.
"A mi hijo no le encontraron nada de hidrocarburos, solamente las botellas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La mochila no apareció, no se la periciaron. De todo lo que le periciaron, solamente las botellas tienen bencinas. Entonces esto es una mentira, mi hijo es inocente", añadió.
La defensa intentará llevar el caso a un tercer juicio, ya que acusan serias contradicciones en la prueba, particularmente de los Carabineros que declararon en el caso. El defensor José Ignacio Mora dijo que "entre los mismos funcionarios policiales se contradicen al igual que en el juicio anterior, incluso de manera más importante".
"Además, incorporamos evidencia material, incorporamos fotografías que acreditan abosolutamente la versión de mi representado", añadió.
La lectura de sentencia está fijada para el 9 de junio.
