La senadora cuestionó que la institución castrense haya negado los vínculos de personal de inteligencia con la muerte del ex químico de la DINA.
Como un respaldo a las tesis que han mantenido por años calificaron abogados querellantes del denominado caso Berríos la intervención del pasado martes, en la hora de incidentes del Senado, de Carmen Frei. La legisladora cuestionó que el Ejército haya negado los vínculos de personal de inteligencia con la muerte del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
"La intervención de la familia Frei en este último incidente en el Senado, realmente viene a darle una potencia mayor a nuestra causa", dijo Tomás Erhenfeld, abogado de la viuda del químico.
De acuerdo al jurista, existe un "problema gravísimo", pues la justicia uruguaya tampoco ha sido capaz de dar las respuestas necesarias al caso.
Por su parte, Fabiola Letelier, también querellante en la causa, dijo que ni el actual jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, como su antecesor, Ricardo Izurieta, han dado curso a las investigaciones necesarias, y agregó que es preciso aclarar "por qué se le negó" información a los tribunales.
Ambos juristas coincidieron en que la conducta de los dos comandantes en jefe podría calificarse como omisión culposa, por lo que podrían ser acusados ante la Justicia.
Según Carmen Frei, cuando solicitó información al entonces comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, éste le informó que no habían antecedentes sobre Berríos en la institución, así como documentos que pudieran vincular a personal militar con la muerte de su padre, el ex presidente Eduardo Frei Montalva.
La familia Frei ha afirmado que existen antecedentes sobre la posible introducción de una bacteria -que habría sido preparada por Berrios- en el cuerpo del ex mandatario, mientras este se recuperaba de una operación en la Clínica Santa María.
Frei Montalva murió de un schock séptico el 22 de enero de 1982, pero nunca se aclaró qué microorganismo causó la infección.
Por el caso Berríos, el juez Alejandro Madrid sometió a proceso a varios militares en retiro, entre ellos dos generales que estuvieron a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), donde -según estableció el proceso- se planeó el secuestro y posterior crimen del químico, quien apareció muerto en una playa de Uruguay, en 1995.
