Jorge Bermúdez explicó en Cooperativa por qué el Ministerio de las Culturas tuvo que retirar esta semana el documento que había ingresado para la toma de razón.
"Estamos un poco encima de los plazos. Uno hubiese esperado que llegara antes", comentó, dado que la ceremonia se realizará en cuatro días.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, explicó que el Gobierno tuvo que retirar el contrato que hizo con una empresa para producir el acto oficial de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, del próxímo lunes, dado que correspondía a un trato directo que no presentó una fundamentación adecuada.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio había ingresado para su toma de razón en el órgano fiscalizador el contrato con la productora Weise y Asociados Ltda, también conocida como "La Oreja", reconocida por realizar eventos masivos, pero esta semana "tuvieron que retirarlo porque le hicimos objeciones", dijo Bermúdez en El Diario de Cooperativa.
"Es un trato directo que estaba mal fundamentado", puntualizó.
"No es poco habitual que la contraloría objete tratos directos", precisó, junto con aclarar que "el trato directo es algo legal, pero tiene que ser bien fundado", lo que no ocurrió esta vez.
"Por lo tanto, (en el ministerio) tienen que rehacer el acto administrativo, imagino que eso es lo que va a ocurrir, para efectos de saber bien cuál es la causal del trato directo y si ésta se justifica o no", agregó.
El problema que mantiene en vilo la organización de la ceremonia es que la Contraloría tiene un plazo de hasta 15 días para analizar los antecedentes antes de una toma de razón, periodo que no alcanzaría a cumplir considerando que la conmemoración será el próximo lunes.
"Estamos un poco encima (de los plazos). Espero que en las próximas horas se reingrese", apuntó Bermúdez. "Uno hubiese esperado que (el contrato) llegara antes", comentó también.
Con todo, "debería tener prioridad para la revisión, el análisis lo hace la Contraloría Regional de Valparaíso, porque allí el ministerio tiene su sede, pero evidentemente está en coordinación con el nivel central", concluyó.
En otros temas, el contralor adelantó que por el caso convenios se proyecta que los montos involucrados superen largamente los 14 mil millones de pesos informados el mes pasado. Además, manifestó su preocupación por el actuar de las Gobernaciones Regionales en sus primeros dos años de funcionamiento al momento de gastar los recursos asignados, y su poca capacidad para ejecutar proyectos.
"Me preocupa mucho ese nivel de ejecución que están teniendo los Gobiernos Regionales en general, por debilidad institucional, son instituciones mal diseñadas", declaró.
"Por ejemplo, el año pasado de los recursos que tenían los Gobierno Regionales, en promedio, más del 30% se ejecutó en diciembre, o sea de cada 100 pesos, 33 se gastaron en diciembre, al final del año, y cómo se ejecutaron: con transferencias, entonces el problema es que la transferencia se ha transformado en una forma de ejecución, porque hay una incapacidad de tener proyectos y de ejecutar esos proyectos", señaló.
