El Consejo de Defensa del Estado respondió duramente a la demanda interpuesta por los dueños de la sanguchería Antigua Fuente (ex Fuente Alemana) por los daños que el recinto -ubicado en el sector de Plaza Baquedano- ha sufrido desde el estallido social en 2019, y tachó de "desmesurada" la cifra de más de 1.200 millones de pesos que exigen como reparación por perjuicio patrimonial y moral.
En agosto se supo sobre la presentación de la demanda, que acusa que "el Estado ha hecho un abandono total de una verdadera zona de sacrificio, causando enormes perjuicios a los locatarios", y apunta al "tremendo desgaste psicológico, familiar y personal que han tenido que sufrir" los hermanos Carlo y Claudio Siri Scolari.
Demanda a la que respondió el CDE, mediante un escrito de 22 páginas presentado ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, de acuerdo con La Tercera.
"No es verdad que el Estado haya estado 'ausente' en el barrio en cuestión, o que las autoridades simplemente hayan 'decidido' dejar a los locatarios de Plaza Baquedano y sus alrededores a merced de su suerte, por tratarse de una 'zona de sacrificio'. La verdad es que la fuerza policial siempre ha estado presente en dicho lugar, tanto con personal, vehículos especializados, como vigilancia vía remota mediante cámaras, respondiendo a un análisis técnico y sistémico", sostuvo el Consejo.
La institución, encargada de velar por los intereses del fisco, reprochó que la apreciación que hacen los demandantes sobre los hechos ocurridos en la denominada "zona cero" del estallido es "inexacta e injusta".
Aseguró que "el potencial económico del barrio Plaza Baquedano o Plaza Italia venía experimentando una merma gradual y paulatina desde antes del estallido social, al convertirse en un centro neurálgico de manifestaciones masivas de distinta índole, fenómeno que ciertamente se agudizó notoria y abruptamente a partir del 18 de octubre de 2019".
Asimismo, el CDE consideró que la reparacióin exigida no se ajusta a la realidad dado que "ninguno de los demandantes ha experimentado lesiones o daños que les hayan dejado secuelas irreversibles de disminución de sus capacidades", sino que, "de hecho, básicamente se reclama por la situación de estrés que han experimentado mientras desarrollaban distintas labores en la Fuente Antigua".
Igualmente hizo ver que "es un hecho público y notorio que cerca de 3.000 negocios han tenido que cerrar por las circunstancias sociales, políticas y económicas que han golpeado a nuestro país en los últimos años", mientras que locales como "la Antigua Fuente siguen funcionando, caminando a una nueva normalidad", suerte que "miles de otros no tuvieron y debieron detener su giro comercial".
Enfatizó, finalmente, que el Estado ha mostrado "una preocupación pública prioritaria por la forma en que la crisis político-social afectó al comercio urbano", y en especial a la zona de la Plaza Baquedano, sobre lo cual resaltó las mesas de trabajo que se han establecido con los dueños de estos negocios para permitir un normal funcionamiento.
