Después de cinco años de investigación, la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte logró formular cargos contra cinco imputados por el delito de tráfico de migrantes, presuntamente cometido entre enero de 2016 e inicios de marzo de 2018, años en que habrían ingresado entre 2.000 y 3.000 personas haitianas al mes.
Según consignó El Mercurio, el relato del Ministerio Público inicia sosteniendo que "Máximo Herrera, Rosa Picón, Rafael Oyanedel, Julio Salirrosas y José Bedón se han dedicado a promover y facilitar, con ánimo de lucro, el ingreso ilegal de ciudadanos haitianos a Chile".
Los imputados habrían cobrado por los traslados y el ingreso ilegal "entre 1.200 y 1.400 dólares, simulando un itinerario de vuelo de ida y de regreso, utilizando para ello las líneas aéreas Law, Sunrise o vuelos chárter de la empresa One", agrega el acta de la formalización de la investigación, realizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Una alerta del Departamento de Extranjería y Policía Internacional del Aeropuerto de Santiago gatilló la investigación -que dirige la fiscal Carolina Suazo- a mediados de 2016, pero fue en enero de 2017 que el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet presentó la primera querella al respecto, ampliada luego por un presunto vínculo de la causa con agencias de viajes locales. La propia aerolínea Law también se hizo parte de estas acciones legales en 2018.
Pero sólo después de interceptaciones telefónicas y otras diligencias, la Fiscalía logró formular cargos contra los imputados antes mencionados: se trata de cuatro ciudadanos peruanos y uno chileno acusados de instruir a los migrantes "con la finalidad que señalaran una finalidad de turismo inexistente para ingresar a Chile y que exhibieran reservas de hotel falsas".
Por imputárseles el tráfico de migrantes en carácter de reiterado, el grupo arriesga penas entre los 541 días y los cinco años de cárcel.
LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES
Por otra parte, la fiscal Suazo afirmó que "al menos desde septiembre de 2016 y hasta marzo del año 2018, los imputados Herrera, Gerónimo, Salirrosas y Bedón, a sabiendas de que determinados dineros y bienes provenían directa o indirectamente del desarrollo de actividades de tráfico ilícito de migrantes, ocultaron o disimularon el origen ilícito de dichos bienes o los bienes en sí mismos".
A su vez, "adquirieron, poseyeron, tuvieron o usaron dichos bienes con ánimo de lucro, habiendo conocido su origen ilícito al momento de recibirlos", es decir, conductas que corresponden a lavado de dinero, por el que ya han sido formalizados tanto Salirrosas como Gerónimo este 2021.
El Ministerio Público plantea además que Herrera "utiliza para ocultar o disimular dineros de origen ilícito la sociedad de nombre Empresa de Turismo y Operador Mayorista Global Travel Chile Ltda., constituida en la actualidad por José Miguel Bedón Colonia y Walter Luis Gerónimo Román", y que el primero también controla.
En tanto, y con el mismo fin, Salirrosas utilizaría "la sociedad de nombre Julio Salirrosas Valera Global Travel Chile Viajes E.I.R.L.", la que por lo demás, "mantiene contratos de trabajo con Máximo Herrera y Walter Gerónimo Román, para que estos puedan aparentar una situación económica estable, a fin de gestionar ante instituciones financieras la obtención de créditos, y acceder al sistema previsional y de salud".
