La indagatoria en la justicia militar aun permanece abierta.
Peritajes e informes de distintos organismos apuntan al viento como una de las principales causas del hecho.
Pocos días después de ocurrida la tragedia aérea de Juan Fernández, que costó la vida a las 21 personas que se encontraban en el CASA 212 de la Fuerza Aérea, se inició la investigación para determinar las causas del hecho.
El 8 de septiembre, apenas una semana tras el hecho, la Corte Suprema nombró como ministro en visita del caso al juez Juan Cristóbal Mera, quien ha desarrollado las diligencias en torno al accidente hasta estos días.
Desde el principio se desarrollaron una serie de especulaciones respecto al hecho, como que la nave viajaba sobrecargada (lo que posteriormente fue confirmado por un informe de la FACh) o que no contaba con el combustible suficiente para realizar el vuelo.
No obstante, a partir de este año se comenzaron a conocer los resultados de los peritajes especializados, como el de la empresa fabricante del avión CASA 212, Airbus Military, que apuntó a las ráfagas de viento como la principal causa del accidente, junto con las malas condiciones climáticas y una mala maniobra de los pilotos.
A principios de agosto en tanto, el informe de la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) reveló que en la tragedia existió responsabilidades de la tripulación, de la FACh y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
La FACh fue acusada por no tener ningún tipo de procedimiento para abordar un aterrizaje de Juan Fernández, mientras que la DGAC fue responsabilizada por no tener procedimiento estándar y preciso de entrega de información a los pilotos sobre las condiciones climáticas.
La DGAC en tanto, salió a desmentir el informa de la JIAA, en voz de su director, el general Jaime Alarcón, quien aseguró que la tripulación del siniestrado CASA 212 recibió la información meteorológica actualizada para volar a Juan Fernández.
El informe de la JIAA además descartó como causa del accidente el exceso de peso y la falta de combustible de la nave, la preparación de los tripulantes y problemas fìsicos en los pilotos por la altura del vuelo.
Sumario de la FACh
A su vez, la FACh también desarrolló una investigación a través de un sumario interno que se extendió por siete meses, el cual concluyó con responsabilidades administrativas de 13 oficiales en el accidente aéreo, además del llamado a retiro a dos generales y un comandante.
Unas semanas antes de estos resultados, el comandante del Comando de Combate, el general Carlos Bertens, también presentó su renuncia ante el "retraso" en la entrega de la información sobre el sobrepeso del CASA 212.
En tanto, abogados de las familias de las víctimas solicitaron al ministro Mera el procesamiento en calidad de imputados de cinco generales de la FACh por sus presuntas responsabilidades en el hecho.
Se trata de los generales retirados Luis Ili Salgado y Julio Frías Pistono los coroneles Guillermo Castro Guzmán y Aldo Carbone Frugone y el teniente coronel César Pineda Troncoso, a quienes les imputan el cuasidelito de homicidio en cumplimiento de deberes militares ante la Justicia Militar en la investigación por el accidente.
No obstante el ministro Mera desestimó procesarlos, los abogados contraatacaron apelando la decisión del juez ante la Corte Marcial, entidad que acogió la apelación, por lo que está pendiente el pronunciamiento del tribunal.
A casi un año de la tragedia la investigación continúa, sin existir responsabilidades penales por el accidente, aunque la causa en la justicia militar se mantiene abierta.
