Solicitaron la calidad de inculpados para cinco jefes de la Fuerza Aérea.
A todos se les acusa de cuasidelito de homicidio en el cumplimiento de deberes militares.
Los abogados Alfredo Morgado, Maximiliano Delgado y Cristián Arias, representantes de la mayoría de las familias de las víctimas del accidente de Juan Fernández, presentaron un escrito para pedir los procesamientos y declaraciones en calidad de inculpados de cinco altos oficiales de la Fuerza Aérea.
Con esto buscan responsabilidades mayores de la FACh en la tragedia en la que murieron 21 personas tras la caída del avión Casa 212 el 2 de septiembre de 2012.
Los acusados en el documento son los generales retirados Luis Ili Salgado (ex jefe del del Comando de Combate) y Julio Frías Pistono (ex jefe de la Quinta Brigada Aérea), los coroneles Guillermo Castro Guzmán (jefe del Estado Mayor del Comando de Combate) y Aldo Carbone Frugone (jefe del Estado Mayor de la Quinta Brigada Aérea), y el teniente coronel César Pineda Troncoso (comandante del Grupo de Aviación Número 8).
A todos se les imputa cuasidelito de homicidio en cumplimiento de deberes militares ante la Justicia Militar en la investigación que lleva a cabo el ministro en visita Juan Cristóbal Mera, señalando la falta de procedimientos que llevaron a causas contribuyentes a la tragedia, como no tener ningún tipo de protocolo para volar a una mínima altura en Robinson Crusoe, tener zonas de exclusión, saber el circuito y cartas de aproximación y aterrizaje, por ejemplo.
Negligencias e imprudenciasAl presentar el escrito, el abogado Arias afirmó que "fue el propio general Rojas quien señaló que eso no existía, que eso debió tenerse contemplado y la razón que esgrime en el proceso es la poca frecuencia de vuelo".
Morgado agregó que "la justicia debe ser plena. Creemos que todas las responsabilidades deben establecerse y aquellos procedimientos que no se dictaron ameritan en sí que se estime que se obró en forma negligente, en forma imprudente".
Mientras que Delgado opinó que "son lamentables las declaraciones del propio general Larraechea de señalar que como no había un incidente, como no había sucedido algo, prácticamente porque no había muertos, no habían podido prever esta situación".
Además de los procesamientos los abogados pidieron diligencias a la Dirección General de Aeronáutica Civil como individualizar al funcionario que designó a Manuel Chamorro González como observador meteorológico de la pista cuando él oficialmente solo ejercía labores de aseo. También investigar la calibración del anemómetro, que sirve para medir la velocidad del viento de manera técnica y que al parecer no estaba en condiciones ese 2 de septiembre de 2011.
