Cuatro grupos familiares exigen las indemnizaciones.
La demanda es por la acción negligente de funcionarios de la FACh en el vuelo del Casa 212.
La abogada que elaboró la demanda, Pía Unda, afirmó que para ellos son evidentes las responsabilidades fiscales en esta tragedia.
Familias de cuatro de las víctimas de la tragedia aérea de Juan Fernández presentaron este miércoles una demanda en contra del Estado y exigen una cifra indemnizatoria de tres mil setecientos millones de pesos.
La demanda es por la acción negligente de funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y fue interpuesta por las familias del deportista Joel Lizama, que pertenecía a la Fundación Desafío Levantemos Chile; de Flavio Oliva, cabo de la FACh; de Romina Irrarázabal, funcionaria del Consejo de la Cultura; y del camarógrafo de TVN Rodrigo Cabezón.
En la demanda interpuesta ante el vigésimo noveno juzgado civil capitalino, se aduce a la responsabilidad del accidente de los pilotos, Carolina Fernández y Juan Pablo Mallea, hecho acreditado por el ministro en visita Juan Cristóbal Mera y ratificado por la Corte Marcial.
Los peritajes encargados por el juez dan cuenta que uno de los factores determinantes del accidente fue la baja altura con la que volaron ambos pilotos para acercarse a la pista de la isla, además de los fuertes vientos que se registraban a la hora que el Casa 212 intentó aterrizar.
En el libelo agregan el sumario de la institución, donde además de sancionó a tres oficiales por errores en la planificación del vuelo.
La abogada que elaboró la demanda, Pía Unda, afirmó que para ellos son evidentes las responsabilidades fiscales en esta tragedia.
"Lo que pasa es que aquí hubieron muchos factores. Hubo un factor humano, hubo falta de procedimientos para volar a la isla, que ahora existen, falló la planificación del vuelo, son múltiples razones que concatenadas nos hacen concluir que hay responsabilidad del Estado".
Indicó que la cifra de 3.700.000.000 pesos que piden como indemnización fue definida porque son 13 familiares que demandan y exigen entre 300 millones de pesos, en el caso de los cónyuges de las víctimas, y 200 millones de pesos para padres, hermanos e hijos.
