Seis ejecutivos de la casa de estudios fallecieron en 2010 en la comuna de Tomé.
Suprema sentenció un pago de 415 millones de pesos a la familia de Juan Guillermo Moya.
Los fallecidos viajaban a Concepción para coordinar la entrega de ayuda a damnificados del terremoto.
Luego de tres años de investigación, la Dirección General de Aeronáutica Civil determinó que el accidente aéreo, donde fallecieron seis funcionarios de la Universidad San Sebastián en Tomé el 1 de marzo de 2010, se debió a un error operacional del piloto por su falta de experiencia.
Los funcionarios fallecidos viajaban a la sede de Concepción de la casa de estudios para coordinar la entrega de ayuda a los damnificados del terremoto del 27 de febrero de aquel año.
Una de las víctimas del accidente, Juan Guillermo Moya, gerente de proyectos de la inmobiliaria Andrés Bello, era el único pasajero que no estaba vinculado a la propiedad de la USS, por lo que su familia interpuso una demanda de indemnización en contra de sus empleadores.
Un fallo de la Corte Suprema sentenció que las sociedades inmobiliarias dueñas de la Universidad San Sebastián deberán pagar 415 millones de pesos de indemnización a la familia demandante, debido a que se trató de un accidente laboral.
Carlos Figueroa Guzmán, abogado de la familia Moya, resaltó que "es muy importante este fallo, porque establece la responsabilidad de las sociedades empleadoras del señor Moya, que son las sociedades propietarias de la Universidad San Sebastián".
El abogado Figueroa agregó que el viaje fue "en condiciones de riesgo en que sometieron a un dependiente de ella y que finalmente le costó la vida, emprendido en un avión particular, con un piloto que terminó siendo responsable del accidente y en condiciones de riesgo que los tribunales estimaron que no eran aceptables".
El profesional añadió que "ellos no habían protegido eficazmente la integridad y la vida de sus trabajadores. El señor Moya era el único ocupante de ese avión que no estaba vinculado a la propiedad de la universidad ni a las inmobiliarias, sino que era un simple dependiente".
Viuda de Moya: "Se hizo un poco de justicia"
En tanto, Lorena Ponce, la viuda de Juan Guillermo Moya, se mostró "súper emocionada" con el fallo y señaló que "fue un proceso súper largo, doloroso, en el cual tuvimos que, como familia, recurrir a la justicia porque los empleadores de mi marido nunca se acercaron, se portaron muy mal, nunca nos dieron ningún tipo de apoyo, entonces no nos quedó otra alternativa".
"Tenemos un sentimiento como de que en realidad se hizo justicia, los dineros no reconfortan ni van a devolverle la vida a mi marido, pero siento que de una manera se hizo un poco de justicia. Uno va cerrando los duelos, va retomando su vida, porque hay muchas penas, hay rabia, hay muchos sentimientos encontrados en esta situación", agregó Ponce.
El pago de 415 millones de pesos se desglosa en 215 millones por lucro cesante y 200 millones por daño moral.
El Diario de Cooperativa intentó contactarse con representantes de la Universidad San Sebastián. Sin embargo, no hubo respuesta.
