Sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva quedó Humberto Elizardo Fuenzalida Ojeda, micrero de 54 años que, a primera hora del lunes, atropelló y dio muerte a un alumno de octavo básico del Liceo Eduardo de la Barra en el Cerro Cordillera de Valparaíso.
Tras ser detenido esa misma jornada, Fuenzalida fue sometido a alcoholemia y examen toxicológico, quedando en evidencia que, al momento del accidente, se encontraba bajo efectos de las drogas.
"Producto de su consumo de sustancias estupefacientes, en particular cocaína, atropelló -causando la muerte- a un menor de edad que se dirigía en esos instantes a su establecimiento educacional", dijo el fiscal Felipe González tras la audiencia de formalización de cargos, realizada el martes ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso.
"HUYÓ DEL LUGAR"
El persecutor detalló que el sujeto fue imputado por dos delitos: "Manejo bajo el consumo de sustancias estupefacientes y, a su vez, por la negativa a detener la marcha, informar a la autoridad pública de la existencia de este accidente de tránsito y, eventualmente, haber también auxiliado a la víctima".
González enfatizó que "el imputado huyó del lugar, y estas dos hipótesis que fueron imputadas por el Ministerio Público generaron la convicción en el tribunal de que su libertad es un riesgo para la seguridad de la sociedad".
El Juzgado de Garantía determinó un plazo de investigación de 90 días.
Según detalló El Mercurio, Humberto Fuenzalida Ojeda trabajaba como conductor profesional hace 20 años, y al momento de la tragedia -al volante de un microbús del recorrido 702- se subió a la vereda de la Calle Chaparro y arrolló al menor, de 14 años, que caminaba junto a su madre.
Pese a ser alertado de lo ocurrido por sus propios pasajeros, rehusó detenerse.
DIPUTADA EXIGE TEST DE DROGAS CADA SEIS MESES
A raíz de esta tragedia, la diputada PPD Carolina Marzán, la Asociación de Centros Generales de Padres Madres y Apoderados de la Educación Pública de Valparaíso, y el Centro de Estudiantes del Liceo Eduardo de La Barra, se reunieron ayer martes con el seremi de Transportes de Valparaíso, Edgardo Piqué, para solicitarle mayor fiscalización a los conductores del transporte público en la región.
La parlamentaria anunció, además, la presentación de un proyecto de ley para exigir que las empresas de transporte público y privado realicen cada seis meses un control de detección de consumo de drogas a sus trabajadores.
"Es inimaginable el dolor de la pérdida de un hijo, sobre todo en estas condiciones. En lo que a mí respecta, como legisladora, estamos desarrollando un proyecto de ley que tiene que ver con la responsabilidad de los empresarios de la locomoción pública, quienes (si la norma es aprobada por el Congreso) tendrán que, cada seis meses hacerle un test de drogas a los choferes", explicó Marzán.
El seremi Piqué informó, en tanto, que el próximo lunes se constituirá "una Mesa de Transportes -con una serie de organismos públicos- para hacer un control preventivo en materia de consumo de drogas y alcohol en conductores de la locomoción pública, y para incorporarlos también a un sistema de rehabilitación, para aquellos que estén llanos (...). Pero eso no puede ser suficiente si es que no tenemos la participación de los mismos conductores y también la participación de sus empresarios y empleadores".
"La conducta de consumo de droga y alcohol es una conducta individual, y aún cuando se puedan hacer todas las posibles fiscalizaciones y controles preventivos, probablemente nunca vamos a alcanzar el universo (de transportistas). En el Gran Valparaíso tenemos 2.000 buses y 12 mil taxis colectivos... ¿Se imagina usted fiscalizando y controlando el consumo de droga y alcohol de todos los conductores? El universo a abarcar es imposible para el Estado. Por lo tanto, el llamado es al autocuidado, a la conducción responsable y al control preventivo de los empleadores", añadió el seremi.
"JUSTICIA PARA ALBERTO"
Mía Matus, vocera del Centro de Estudiantes del Liceo Eduardo de La Barra, también asistió a la reunión con las autoridades: "Pedimos justicia para Alberto, y también que se hagan cargo de hacer fiscalizaciones a los empresarios y a los choferes, porque no es posible que nos tengan con estos tratos".
"No solamente (el problema es) con la situación de Alberto, sino que también es constante el abuso y el maltrato hacia los estudiantes por parte de los choferes de la locomoción pública", dijo la dirigente estudiantil.
