Abogado de la familia de la víctima acusó que se esgrimen argumentos "irrelevantes".
El fallo de la Corte de Apelaciones se conocerá el 19 de marzo.
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| Araya Galaz fue condenado a cumplir al menos 20 años de cárcel sin beneficios. (Foto: UPI) |
El próximo 19 de marzo se conocerá el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago ante la petición de la defensa de Luis Araya Galaz de anular el juicio que lo condenó a cadena perpetua por el homicidio de Soledad Lapostol, interpuesta este lunes.
La acción legal fue presentada en la Primera Sala del tribunal de alzada capitalino.
El abogado de la familia Lapostol, Francisco Cox, señaló que los argumentos de la defensa, que alega una errónea valoración de las pruebas y la participación de una tercera persona en el crimen, "desde el punto de vista de la nulidad que se intentó es absolutamente irrelevante".
Cox se mostró confiado en que la resolución será ratificada, pese a que, como reconoció, "a los familiares no los dejó plenamente satisfechos".
Por su parte, el fiscal Xavier Armendáriz, señaló a nombre del Ministerio Público que espera que "la Corte en definitiva mantenga el dictamen", para "que se entre a cumplir la pena ya en carácter rematado".
En diciembre pasado, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a presidio perpetuo simple a Luis Araya Galaz, principal imputado por el secuestro y asesinato de la ejecutiva bancaria María Soledad Lapostol, descubierto el 21 de diciembre de 2007 en la comuna de Ñuñoa.
Araya Galaz fue inculpado del delito de robo con homicidio y la sentencia consideró como agravantes el haber actuado con alevosía -al haber simulado la compra de una camioneta para acercarse a la víctima- y reincidencia específica, por tener penas anteriores por robo.
También se recogió que cometiera el delito en periodo de beneficio, debido a que había sido condenado en 1998 a 10 años y un día por robo con intimidación, pero recuperó la libertad en febrero de 2007, al cumplir nueve años de presidio, tras la conmutación de su pena.
La condena implica que el victimario podrá optar a beneficios carcelarios sólo después de cumplir 20 años de presidio.
