Este domingo se realizó el control de detención de los imputados por desórdenes simples y graves en la vía pública durante la marcha en Valparaíso con motivo de la cuenta pública del 21 de mayo.
Cerca de 20 de los 37 detenidos llegaron con resguardo policial a la audiencia.
Uno de ellos, el fotógrafo Pablo Tapia de 27 años, contó a Cooperativa que lleva ocho años trabajando en el área de la fotografía en esto contextos y que al momento de su detención, considerada "ilegal" por la justicia, Carabineros buscaba las imágenes.
"La jueza determinó que mi detención fue ilegal. Me esposaron, me tiraron al suelo y querían la cámara, querían sacar las fotos. Están todas mis imágenes, no sé si las sacaron o no. Es primera vez que me llevan detenido, llevo ocho años en la calle", dijo.
Por su parte, otro de los detenidos, el estudiante de trabajo social de la Universidad Católica de Valparaíso, José Antonio Vegas, también criticó el actuar de Carabineros asegurando que "en ningún momento se nos comentó que teníamos la posibilidad de no prestar declaraciones y acogernos al derecho de guardar silencio".
"Se les intencionaba precisamente que afirmaran que habían estado ahí, se les decía 'ya pa qué mienten, digan que estuviste ahí, si nosotros sabemos, tenemos fotos tuyas'. Entonces ese tipo de afirmaciones atentan contra la presunción de inocencia que cada uno tiene como derecho", añadió.
Rodrigo Céspedes (20), otro de los formalizados, es hasta ahora el único que quedó con arresto domiciliario. Se le vincula con el porte de elementos para abrir cortinas metálicas, sustraer especies.
En tanto que Sebastián Pichilaf, de 25 años, quedó en prisión preventiva pues Carabineros presentó una querella en su contra al descubrirlo lanzando una molotov a un carro policial.
La Fiscalía analiza la posible participación de estos jóvenes en el incendio que le costó la vida al trabajador Eduardo Lara.
Indagatorias en lugar del incendio
Durante la mañana de este domingo, en el edificio del concejo municipal de Valparaíso Carabineros y Bomberos del TPI realizaron las labores para determinar las razones científicas que iniciaron el fuego en medio de la realización de la cuenta pública.
El mayor de Carabineros Cristián Mancilla, jefe del equipo de peritos, indicó que se busca determinar la presencia de elementos atribuibles a la intencionalidad que se busca perseguir en las acciones legales por el incendio de la Farmacia Ahumada y el incendio de la oficina de la secretaría y concejo municipal, que le costó la vida de Eduardo Lara de 71 años.
"Estamos realizando diligencias periciales en el sitio del suceso, precisar el punto y la zona focal y estamos haciendo un diseño cuadriculado, para poder levantar la mayor cantidad de evidencia y rastros que nos permitan obtener resultados en este caso, las cuales vamos a someter a análisis y vamos a enviar los resultados a la Fiscalía. Todo lo que guarda relación con evidencias órganicas están bastante complicadas por las características del incendio", añadió Mancilla.
