Despejado el debate de la Educación No Sexista en el TC, Orellana explicó "los principales cambios" que promueve el proyecto contra las agresiones machistas.
La iniciativa, que será promulgada próximamente, brinda "la oportunidad como país de cortar esta historia que pasa de generación en generación", afirmó.
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, conversó este miércoles con Cooperativa sobre la inminente promulgación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados de derecha respecto de la Educación No Sexista, contenida en la normativa.
"Este era un artículo que no era el más relevante de la Ley Integral por el que se recurrió al TC. De hecho, los principales cambios que promueve este proyecto tienen que ver con establecer, a través de la ley, un mejor seguimiento de cautelares; fortalecer la representación jurídica de las víctimas para llegar más rápido, antes; contar con un sistema de gestión integral e incorporar también a los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos de la violencia de género, además de incorporar nuevas formas de violencia", dijo la secretaria de Estado en entrevista con Lo Que Queda del Día.
La nueva ley, aprobada transversalmente en marzo pasado por el Congreso, es un marco normativo que establece las bases y lineamientos para el abordaje y los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia, acorde a los compromisos emanados de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por Chile desde 1996.
Entre muchos otros aspectos, una vez promulgada, la normativa permitirá establecer un mecanismo de supervisión judicial de medidas cautelares para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Además, permitirá decretar medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia, que ocurran en razón del género (hasta ahora se pueden decretar medidas cautelares solo con el mérito de la denuncia en los casos de violencia intrafamiliar).
Asimismo, el articulado fortalecerá el rol de representación jurídica del Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) en casos de femicidios o suicidios femicidas, para llegar antes y más rápido; garantiza la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género; incorporará a los niños y niñas como víctimas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras y no solo como testigos, y permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos, para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, cuenten con la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando -además- la revictimización.
La ministra Orellana explicó que "lo que nos muestran los estudios es que la mayoría de las mujeres en Chile ya sabe que esto está mal y que puede denunciarlo. Podrá ser que no se sepan el artículo de la ley, pero saben que tienen mecanismos, que pueden buscar ayuda. El problema y el desafío que tenemos hoy en día es por qué las mujeres no logran salir de eso, y aquí estamos atacando tres puntos que, en nuestra perspectiva, son muy relevantes".
La titular de la Mujer señaló que, en primer lugar, "en general hay una baja expectativa de las mujeres respecto a los procesos judiciales" y que "una parte importante de eso tiene que ver con las reiteradas noticias en las que se ve que se rompen las medidas cautelares de protección".
"Aquí estamos estableciendo un seguimiento mucho más estricto de aquello", afirmó.
"Un segundo problema de por qué estamos llegando tarde y estamos contando (víctimas) tiene que ver con que hay varios estudios que muestran que muchas veces las mujeres deben pasar por seis o siete puertas antes de poder encontrar una institución que las acoja", expuso Orellana.
En esa línea, subrayó que "desarrollar una institución integral a través de los municipios, que son el 80% de la operación del Servicio Nacional de la Mujer, que el año pasado atendió, orientó, representó y reparó a 60.000 mujeres, es muy importante, porque nos hace preguntar menos y hacer más".
"Por último, una discusión que fue bastante larga -fueron siete años- pero muy relevante para nosotros es incorporar a los niños como víctimas", indicó la ministra, advirtiendo que "un factor muy importante para no denunciar, para no seguir con el juicio o para retractarse es la existencia de hijos en común con el agresor".
"Aquí (en la nueva ley) estamos estableciendo reglas más claras y plazos más estrictos para la interacción entre los tribunales de familia y los tribunales de garantía. Muchas veces no se puede entender porque el sistema a una mujer le dice, a través de una orden judicial: 'usted está en peligro y le voy a poner una medida de protección', pero, al mismo tiempo, una vez a la semana, usted misma no está en peligro y no solo debe ver a su agresor, sino que, además, debe entregarle los niños, y resulta que es la propia mujer la que termina rompiendo su cautelar. Eso es un factor muy grande de sentimiento de falta de credibilidad del sistema", apuntó.
En esa línea, Orellana aseguró que "al incorporar también a los niños como víctimas, estamos buscando la mayor protección de las mujeres, sí, pero también de los niños y niñas para que nos demos la oportunidad como país de también cortar esta historia que pasa de generación en generación".
"Si algo tiene en común la mayoría de los agresores, de acuerdo a la evidencia, es que crecieron en entornos donde se vivía violencia contra las mujeres. No quiere decir esto que todos se van a transformar en eso, porque por suerte eso no ocurre, hay muchos factores de protección como el colegio, una buena profesora, un familiar amoroso, que pueden cambiar esas historias, pero es tiempo de que lo incorporemos a la política pública también", concluyó.
