Concesionarias deberán entregar información sobre llamados a Carabineros.
Las sanciones llegarán a tres UTM.
El proyecto se discutirá en la Sala del Senado.
La Comisión de Transportes del Senado despachó en forma unánime el proyecto que busca sancionar las denominadas "pitanzas telefónicas", el que deberá ser discutido en la Sala.
La norma busca regular que empresas concesionarias entreguen servicios de información a Carabineros y a otros servicios de emergencia, además de sancionar el uso indebido de este tipo de llamadas.
En el texto de la normativa se explica que Carabineros no cuenta con un proceso de gestión de datos de calidad suficiente para individualizar a las personas que llaman a los servicios.
"Es por este motivo que el presente proyecto pretende entregarles dicha herramienta con la sola finalidad de asistirlos en los procedimientos de emergencia e identificar a aquellas personas que realizan un mal uso del servicio de llamadas de emergencia", sentencia el documento.
El presidente de la comisión, Manuel José Ossandón (RN), indicó que "la norma que presentamos junto a los senadores García-Huidobro (UDI) y Alejandro Guillier (independiente) es muy general, de allí que las personas que hemos escuchado en la Comisión nos han permitido conocer la praxis de estos sistemas y experiencia comparada. En base a ello queremos introducir cambios".
Alejandro García-Huidobro planteó que se espera avanzar hacia un sistema más parecido al norteamericano, donde "existe el 911 que es un número de emergencias, y otro que es para información (...) tenemos varios números de información y varios de emergencia, pero las personas solo recuerdan el 133 el que se ve atochado de llamadas".
"Más del 80 por ciento de las llamadas que recibe la red 133, se refieren a solicitud de información –que entregan otros números-, bromas o pitanzas y mensajes de delincuentes que intentan desviar la atención de la policía mientras perpetran un delito. Lo que se pretende es penalizar aquello", añadió el senador.
En caso de comprobarse una infracción, se impondrá una multa de tres UTM (130 mil pesos), la que puede ser cambiada por una sentencia de servicio a la comunidad.
