Un grupo de parlamentarios de la oposición pretende volver a poner sobre la mesa el proyecto de ley que busca frenar la entrega de beneficios carcelarios a violadores de derechos humanos y que lleva un año y medio detenido en el Congreso.
Todo luego de que la Corte Suprema anunciara este martes que cinco condenados por delitos en la dictadura, saldrán con libertad condicional de Punta Peuco y Colina I.
El trabajo legislativo lo desarrollaba en 2016 una comisión mixta, donde diputados y senadores ya tenían acuerdo respecto a varios puntos que buscaban imponer más condiciones para la obtención de la libertad condicional.
"Es solicitar que se constituya una comisión mixta para resolver, en la última fase, un proyecto de ley que ya lleva más de dos años de tramitación y que resuelve el tema que hoy día está siendo decidido por la Corte Suprema", aseguró el diputado Leonardo Soto (PS).
"En un proyecto de ley, en el boletín número 10.696-07 esta Cámara y el Senado resolvieron sobre los beneficios carcelarios para los violadores de derechos humanos o para los autores de delitos de lesa humanidad", explicó.
Parte del oficialismo se opone
Varios parlamentarios oficialistas se manifiestan en contra a esta posibilidad, como el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien asegura que no corresponde salir a hacer frente a resoluciones judiciales.
"Quisiera decirle que estamos frente a un tema que tiene que ver con un principio básico del derecho que es la igualdad que tiene cualquier persona, cualquier chileno, frente a la ley", aseguró el parlamentario gremialista.
"Llama la atención la reacción que han manifestado estos diputados de izquierda, porque ellos cuando hay una decisión de un tribunal que los beneficie, como por ejemplo cuando se indultó a todos los terroristas en Chile. Hoy día lo que vemos es un avance en el estado de derecho", agregó.
