La Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional, que comenzó ayer la votación de las más de 500 enmiendas que se le hicieron al texto de ordenamiento del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna para Chile, aprobó este miércoles una propuesta que inhabilita a los constituyentes en los debates y las votaciones sobre asuntos que los afecten patrimonialmente.
La norma, que busca prevenir conflictos de intereses entre los convencionales, constituye una innovación respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en el Congreso Nacional, donde la exclusión de los parlamentarios es voluntaria.
"Si hay un constituyente que tiene una sociedad que es dueña de muchos derechos de agua, con la norma original no iba a estar inhabilitado para debatir ni votar lo vinculado con el régimen o el estatus de agua en la nueva Constitución. Eso era inaceptable", explicó el convencional independiente Mauricio Daza (Distrito 28).
"Logramos que también se extendieran las inhabilidades respecto de aquellos intereses que afecten sociedades donde los constituyentes tengan una participación de un 30 por ciento de la propiedad o que la participación en la propiedad sea superior a las 50 UTM, que corresponde a la dieta de un convencional", añadió el abogado.
Pero la inhabilidad aplicará también cuando la afectación patrimonial alcance a familiares de los convencionales hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad.
El convencional demócrata cristiano Fuad Chahín (Distrito 22) considera que el articulado adolece de problemas prácticos: "No sé si todo el mundo conoce cuáles son los intereses económicos de todos sus primos. Yo, que soy partidario de que el agua sea un bien nacional de uso público, de que el agua sea un derecho humano, por tener familiares agricultores que para poder usar el agua de acuerdo a la legislación necesitan tener derechos, me vería imposibilitado de votar", reflexionó.
APRUEBAN QUE ABSTENCIONES NO SE CONSIDEREN DENTRO DE VOTACIONES
En paralelo, Reglamento aprobó una enmienda presentada por un grupo de oposición que excluye de las votaciones y acuerdos a las personas no presentes y a quienes se abstengan, tanto en el Pleno como en las comisiones.
La norma regirá sólo en las votaciones que requieran mayoría simple -que se definen con el 50% más uno- y no en las deliberaciones de las normas constitucionales, donde el quórum es de dos tercios (66,6%).
Una de las promotoras de esa idea, la convencional comunista Bárbara Sepúlveda (Distrito 9), dijo que "es importante haber dado este paso, porque precisamente el debate constituyente que enfrentamos nos va a permitir, ahora sí, tener la posibilidad de votar a favor o en contra sin que las abstenciones distorsionen la determinación de los quórums".
"Hasta el momento, la norma aprobada opera como regla general sobre todos aquellos quórums que no están operando sobre los constituyentes y las constituyentes en ejercicio, es decir, sobre los quórums que no son calificados", remarcó la abogada.
Contrastó posturas la UDI Constanza Hube (Distrito 11): "Nos parece muy antidemocrático que no se considere la abstención como parte de la posibilidad que los convencionales constituyentes para que puedan votar. La abstención es una manifestación de voluntad y vamos a volver, en el Pleno, a reponer nuestra indicación", apuntó.
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