El Consejo Político Nacional de Revolución Democrática (RD) solicitó al Tribunal Supremo considerar la expulsión del ahora exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, y el representante de la Fundación Democracia Viva y expresidente de la FECH Daniel Andrade.
En un comunicado difundido este miércoles, el consejo condenó "toda conducta de algún militante de nuestra colectividad" que convenga los principios de probidad y transparencia en la toma de decisiones en la función pública "y que supongan un evidente conflicto de interés, más allá de la legalidad de los actos administrativos; pues comprendemos el daño que estos hechos generan en la confianza de la ciudadanía".
Dichos actos están contemplados en la normativa interna del bloque, que "previene la corrupción y sanciona las faltas a la ética" de los miembros que cometan aquello "en su vida profesional, personal o política".
"Como Consejo Político Nacional, hemos llegado al convencimiento de que ambos afiliados involucrados en los convenios, suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han infringido nuestra normativa interna vigente. Es por ello que hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere su expulsión; en base a nuestras normas internas, que fueron creadas para prevenir y enfrentar este tipo de actos", sostiene el escrito.
Finalmente, RD continuará "haciendo esfuerzos por prevenir y detectar actos de corrupción y estamos a disposición de colaborar con cualquier tipo de investigación y fiscalización" que haya sobre el caso, para así cumplir con "nuestra ética partidaria, especialmente por parte de nuestros representantes y funcionarios en cargos de confianza en el Gobierno".
Los tres convenios firmados por la Seremi de Vivienda y la fundación representada por el expresidente FECH y pareja de la diputada Pérez ha derivado en una investigación de oficio a cargo del fiscal regional de Antofagasta, Christian Aguilar Aranela, para esclarecer si los acuerdos por una suma total de 426 millones de pesos son o no constitutivos de delito.
Por lo mismo, la parlamentaria del bloque suspendió su participación como vicepresidenta de la Cámara.
"A LA DIPUTADA PÉREZ NO SE LE ACHACA RESPONSABILIDAD"
Esta situación también fue abordada por el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, quien afirmó que están "siendo muy claros, muy categóricos y muy duros" en las sanciones contra los involucrados.
"Estamos solicitando la expulsión, hay un problema ético, hay un problema que transgrede la probidad y transparencia. Hay un problema de prudencia a la hora de involucrarse en un convenio teniendo círculos cercanos a la diputada", cuestionó el jefe del partido en entrevista con CNN.
Según explicó el parlamentario, "quien firma el convenio es un representante del Ministerio de Vivienda con un representante de una sociedad civil. No es la diputada Pérez la que firma el convenio, por eso no se le achaca a ella la responsabilidad de la firma del del convenio".
"Los antecedentes que tenemos hasta hoy es que ella no está involucrada en esa firma de convenio y a quienes hay que hacer responsables son a quienes firmaron el convenio", profundizó Latorre.
ACCIONES DE RENOVACIÓN NACIONAL
Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN) en la Cámara Baja, Frank Sauerbaum, anunció que su partido recurrirá a Contraloría para que analice a las seremis y los programas que involucren organizaciones ligadas al Frente Amplio, además de presentar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
"Vamos a hacer una presentación a la Contraloría para solicitar una auditoría de todas las seremis del país, de los programas dependiente de ellos, y de todos los recursos pagados a estas organizaciones ligadas al Frente Amplio", detalló el diputado.
A esto sumarán "la responsabilidad del ministro Montes por aceptar la renuncia del seremi de Antofagasta sin hacer una auditoría previa, lo que impidió establecer una responsabilidad política y administrativa".
"Pondremos estos antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte de la investigación que está llevando de oficio la Fiscalía de Antofagasta", cerró Sauerbaum.
