Se busca contribuir a que tenga las herramientas para "mantenerse en la vanguardia ante los desafíos que plantea la corrupción".
El BID destacó que Chile ha sido pionero en América Latina en modernizar su gestión pública.
La agenda de probidad y transparencia contempla 14 medidas administrativas, varias de las cuales ya están vigentes.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dará al Gobierno chileno un crédito de 130 millones de dólares para apoyar la agenda de probidad y transparencia que presentó en mayo pasado la Presidenta Michelle Bachelet, tras la irrupción de varios escándalos de corrupción.
Según informó el BID en un comunicado, el programa de ayuda busca contribuir a que nuestro país tenga las herramientas para "mantenerse en la vanguardia ante los desafíos que plantea la corrupción".
El crédito se concederá bajo la modalidad de un Préstamo Programático en Apoyo de Reformas de Políticas con un plazo de amortización de 12 años y dos meses y una tasa de interés basada en el Libor, un tipo de referencia mundial que se fija diariamente en Londres.
El BID destacó que Chile ha sido pionero en América Latina en modernizar su gestión pública y en la década de los 90 del siglo pasado impulsó reformas que fortalecieron la independencia de las instituciones y mejoraron la transparencia.
Sin embargo, señaló el organismo, desde comienzos de este año han aparecido casos de "interrelación indebida entre dinero y política" que han afectado la confianza de los ciudadanos.
La mayoría de las polémicas se basan en la financiación ilegal de campañas políticas por parte de empresas que aportaban dinero pagando honorarios por servicios inexistentes, justificados con boletas falsas que además se usaban para rebajar impuestos.
Por este motivo, la Mandataria -que se ha visto salpicada tras salir a la luz la implicación de su hijo, Sebastián Dávalos, en el caso Caval- presentó en mayo pasado una agenda para la probidad y transparencia que contempla 14 medidas administrativas, varias de las cuales ya están vigentes.
Las medidas incluyen en el currículum educacional obligatorio la formación en educación cívica, la creación del Defensor Ciudadano, el fortalecimiento del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y la limitación de la reelección de los parlamentarios.
