El líder de la oposición parafraseó al Primer Mandatario y dijo que el rechazo del Senado a la nómina presentada por La Moneda demuestra que "funcionaron las instituciones".
El presidenciable de la Alianza Por Chile aseveró que nunca brindó su respaldo a la propuesta presentada por el Presidente Ricardo Lagos para el directorio de Televisión Nacional, recalcando que sus palabras de apoyo a la fórmula de La Moneda para romper con el cuoteo político fueron mal entendidas.
"Jamás he dicho eso, siempre he dicho que los senadores tienen que decidir en conciencia", sentenció el alcalde de Santiago al ser consultado sobre cómo se entiende que, aunque él haya respaldado la propuesta, los senadores de la oposición votaran contra los nombres presentados por Lagos.
Lavín aclaró que lo que expresó en días pasados fue que le "parecía bien que se rompiera la fórmula del cuoteo político. Pero creo que el Senado tiene todo el derecho a decir sí o no a la propuesta del Presidente. Dijo que no, el Presidente tiene que presentar otra lista, funcionaron las instituciones y punto".
"Así es la democracia", agregó el edil de Santiago, quien reiteró que "como dice el Presidente", lo que ocurrió el pasado miércoles en la Cámara Alta es algo normal y que da cuenta de las prerrogativas que brinda la Constitución tanto al Primer Mandatario como al Senado.
La postura del candidato presidencial de la derecha fue respaldada por el timonel de la colectividad, Pablo Longueira, quien acusó la poca humildad del Ejecutivo, que se negó a conversar la lista de nombres previamente, de manera de asegurar un respaldo mayoritario en el Senado.
Para el diputado, no hay "nada más fácil que hacer una propuesta de seis nombres para integrar ese directorio (de TVN), nada más simple, es cosa de hablar, es cosa de actuar con humildad".
Longueira se preguntó si la modestia del Ejecutivo, reflejada en la voluntad de buscar consensos, se da sólo cuando el Gobierno tiene problemas y está con "el agua hasta el cuello", en referencia a la Agenda de Modernización del Estado pactada en 2003 para hacer frente a los casos de corrupción detectados, principalmente, en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomuniaciones.
