La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva decretada contra el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y el exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva Daniel Andrade, en el marco de la investigación por convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y la fundación Democracia Viva.
Ambos imputados cumplen la medida cautelar desde el viernes 15 de diciembre, cuando fueron formalizados por tres delitos de fraude al fisco. Quedaron en prisión preventiva al ser considerara su libertad como un peligro para la seguridad de la sociedad.
Ante la Segunda Sala del tribunal de alzada expusieron este viernes las defensas de ambos imputados, formalizados la semana pasada por tres delitos de fraude al fisco.
Ambos recursos coincidían en calificar como "desproporcionada" la medida cautelar, que fue decretada porque los imputados son considerados como un peligro para la seguridad de la sociedad. Las defensas argumentaron la irreprochable conducta anterior de ambos imputados, entre otras razones.
En detalle, la apelación de Andrade -presentada por los abogados José Ignacio Figueroa, Germán Cueto y Juan Pablo Roncone- señalaba que "debe entenderse, necesariamente, que la formalización de cargos contiene errores insalvables en la formulación de los hechos imputados, y estos errores no fueron comprendidos por la Sra. jueza de Garantía".
Además, la defensa afirmaba que "no existe ningún antecedente que permita justificar la existencia de tres delitos de fraude al fisco que hayan ocasionado, en total, un perjuicio semejante para el patrimonio público ($426.000.000)", y agrega que "no existen antecedentes que hubiesen permitido a la resolución recurrida presumir fundamentalmente que el imputado tuvo participación en los hechos materia de la formalización como autor, cómplice o encubridor".
Reiteraron, asimismo, que hay 300 millones de pesos que la ONG no ejecutó, los cuales Andrade "ha intentado restituir al fisco de Chile en varias oportunidades".
El alegato se apoyó en un informe pericial psicológico que concluye que la libertad de Andrade "no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, que se trata de una persona con rasgos de personalidad plenamente adaptativos y ajustados a normas sociales, que ha demostrado colaborar con la investigación".
Por otro lado, el recurso de Contreras -ingresado por su abogado Andrés Bustos- sostenía que la "necesidad de cautela no fue justificada de forma idónea por el tribunal", y recuerda que ha colaborado con entrega de antecedentes a la Fiscalía y declaraciones voluntarias.
"Hay una serie de circunstancias que dan cuenta que el imputado no tenía ánimo de defraudar al fisco", como la creación de un protocolo para los convenios y constatar que el mecanismo para otorgarlos existía desde antes que estuviera en el cargo, recalcó la defensa.
Finalmente, la defensa aseveró que el exseremi "tiene irreprochable conducta anterior, domicilio conocido y el mismo toda su vida, que tiene a su cargo el cuidado de sus padres que son de 81 y 84 años, de los cuales es hijo único".
Por su parte, el fiscal regional Juan Castro Bekios sostuvo que "la Corte de Apelaciones de Antofagasta entendió -para los efectos de la de la discusión de cautelar- que se trata de delitos de fraude al fisco reiterados que, por otra parte, estos delitos se encuentran consumados".
En tanto, abogado querellante Pablo Toloza señaló que "estamos conforme con la resolución del tribunal de Corte de Apelaciones de Antofagasta en el sentido de que confirmó la resolución del Tribunal de Garantía respecto de mantener la prisión preventiva tanto de Carlos Contreras como de Daniel Andrade, creemos que es un fallo contundente".
Tras los alegatos, la Corte ratificó la previa decisión del Juzgado de Garantía.
PRESUNTA INVOLUCRADA ROMPE EL SILENCIO
Respecto a esta misma investigación, una de las presuntas involucradas, la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, quien fue sindicada por el fiscal en más de una ocasión como el brazo derecho del exseremi del Minvu, rompió el silencio a través de sus redes sociales.
"He decidido pedirle al tribunal supremo de Revolución Democrática que inicie una investigación sobre el trabajo de programas de asentamientos precarios de Antofagasta, a través de una fundación. Esto motivado por la necesidad de esclarecer la información insidiosa, errónea y malintencionada, difundidas en medios de comunicación regionales y nacionales", afirmó Fuica.
"Jamás ejercí como jefa de gabinete del seremi, jamás intercedí en favor de ninguna persona ni fundación. Actué siempre de buena fe, convencida de que lo realizado por el Minvu se ajustaba a la normativa vigente", agregó.
Desde Fiscalía desestimaron referirse a la situación de la concejala. Sin embargo, desde RD señalaron estar llanos a cooperar con la investigación.
En esa línea, el tribunal supremo desde antes de dicha solicitud habría investigado a Paz Fuica y a otros miembros de ese partido.
