El Gobierno Regional de Antofagasta no descartó desalojar un macro campamento instalado en una zona de peligro -por la existencia de torres de alta tensión-, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso de protección presentado por pobladores.
Tras el fall, se agotaron las instancias legales de los residentes y ONGs que los respaldan, y la Intendencia tiene vía libre para ejecutar desalojos, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario.
El intendente Marco Antonio Díaz enfatizó el peligro al que se exponen los ciudadanos, y aseguró que el gobierno actuará dentro de los marcos legales para evitar accidentes.
"Hay familias que están en una situación de inseguridad, se acerca el invierno y no nos estamos tomando livianamente ese tema", advirtió.
Cientos de personas en riesgo
El gobernador subrogante de Antofagasta, Francisco Salazar, dijo que la nueva administración se está haciendo cargo de una situación heredada y que trabajará directamente con los pobladores para evitar emergencias.
Un catastro realizado el año pasado determinó que cerca de cien familias enfrentan alto riesgo por vivir en la faja de servidumbre eléctrica.
Algunas ya fueron trasladadas a un barrio transitorio construido en el sector de La Chimba. Sin embargo, otras 60 decidieron quedarse, alegando que la alternativa entregada por el Gobierno estaba demasiado alejada de sus lugares de trabajo y del colegio de sus hijos.
