La Contraloría General de la República detectó pagos improcedentes por 761 millones de pesos en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, por los servicios a honorarios de 19 personas que no desempeñaron sus funciones en recintos de atención primaria de salud.
El ente fiscalizador derivará su informe final de 163 páginas y otros antecedentes a la Fiscalía Local de La Serena y al Consejo de Defensa del Estado "para los fines a que haya lugar", como es la posible apertura de una arista penal, consignó La Tercera PM.
La indagación abarcó el periodo entre 2020 y 2021, periodo marcado por la alerta sanitaria del Covid-19, la cual permitió la flexibilizar procesos licitatorios con el objetivo reforzar la contratación de personal en distintos servicios.
Según la Contraloría, el Departamento de Salud desembolsó 375.765.552 de pesos en 2020, y 385.277.310 de pesos en 2021; es decir, cada funcionario recibió desde 5 a 91 millones en total, todo sin trabajar en recintos primarios de salud durante la pandemia.
El ente contralor calificó estos hechos de "alta complejidad", y adelantó que buscará la restitución de los recursos.
PAGOS SIN ACREDITAR
Dentro de los montos objetados, la Unidad de Control Externo de la Contraloría General de Coquimbo también señaló irregularidades en "lo relativo a pagos por servicios sin respaldo de su realización" desde la entidad, administrada por un directorio que lidera el alcalde de La Serena, Roberto Jacob.
En concreto, durante 2021 pagaron 31.272.696 de pesos por servicios a honorarios donde no se presentó la documentación que acreditaba la realización efectiva, y si bien la corporación remitió diversos informes al ente contralor para aclarar la situación, "estos no detallaban en qué día y entre qué horarios prestó sus servicios el personal en cuestión, sin que fuese posible acreditar su efectivo cumplimiento".
A la vez, el escrito cuestiona el desembolso de 4.862.888 de pesos por parte de la Corporación de Salud por otros servicios a honorarios en los Servicios de Atención Primaria en Salud de Emergencia, SAPU, y Servicios de Atención Primaria en Salud de Emergencia de Alta Resolutividad de sus CESFAM, por cuanto "los libros de conteo de horas proporcionados no respaldan las horas pagadas ya sea en exceso o en defectos".
El informe da cuenta de que entre enero y abril de 2021, no resultó posible validar si las horas cobradas por una funcionaria pagada "como profesional médica" -que recibió un total de 4.005.623 de pesos- contaban con el respaldo correspondiente, ya que el Departamento de Salud informó que el referido establecimiento extravió el libro de recuento de horas de ese periodo.
LAS ACCIONES DEL MUNICIPIO
Desde el municipio sostienen que tanto el alcalde Jacob como la corporación ingresaron una querella en 2022 ante el Juzgado de Garantía de La Serena, por los delitos de fraude, estafa y otros engaños, "la que hemos ampliado en tres oportunidades, en abril de 2022, junio de 2023 y diciembre del mismo año".
En paralelo, "se iniciaron sumarios administrativos en contra de la administración central de la corporación y la Atención Primaria de Salud Municipal".
A juicio de la corporación, "nos encontramos ante la presencia de los delitos de fraude, estafa y otros engaños, los que fueron cometidos por exfuncionarios del Departamento de Salud de la Corporación, quienes eran parte del proceso de autorización, visación y tramitación de las boletas de honorarios".
