Un hombre y una mujer fueron detenidos y formalizados por su presunta responsabilidad en delitos de violación y abuso sexual contra cuatro niñas de entre cinco y 12 años de edad.
Según la investigación, los hechos ocurrieron entre 2014 y 2022 al interior de una vivienda en el sector rural de la comuna de Ovalle (Provincia de Limarí, Región de Coquimbo), a la cual las menores llegaban invitadas por la mujer.
"La cónyuge del imputado actuaba en calidad de cómplice, encubridora y facilitadora, por cuanto era ella la que invitaba a las menores a su casa, donde su pareja daba rienda suelta a sus bajos instintos, convirtiéndose en un depredador sexual", explicó el subprefecto Germán Cerda, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI La Serena.
Los hechos quedaron al descubierto debido a que las víctimas, jugando, realizaron acciones de connotación sexual, lo que alertó a los padres de una de ellas. Su denuncia dio inicio a la denominada "Operación Depredador".
La fiscal Rocío Valdivia explicó que la investigación en este caso se encuentra "avanzada, pero faltan algunas diligencias para terminar de redondear algunos puntos a acreditar" en el juicio.
Agregó que las entrevistas videograbadas a las víctimas, más declaraciones de miembros del entorno familiar, la fijación del sitio del suceso y pruebas periciales tecnológicas a los teléfonos "permiten acreditar a este momento todos los delitos por los cuales han sido formalizados ambos imputados, que son delitos de connotación sexual y de alta gravedad".
En detalle, el sujeto de 49 años e iniciales O.R.M.G., fue imputado por violación reiterada contra una de las niñas entre 2014 y 2019; abuso sexual reiterado contra una segunda víctima entre 2016 y 2019, abuso reiterado contra una tercera menor durante 2021, y violación contra una cuarta afectada entre 2021 y agosto de 2022.
Su esposa, E.M.A.M., de 45 años, fue imputada por los mismos hechos, en calidad de coautora.
Tras la formalización, ambos sujetos -de nacionalidad chilena- quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva.
El tribunal de garantía fijó un plazo de investigación de 60 días.
