Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional eran para construcción de planta minera.
Directiva del sindicato apunta a ex funcionario de la seremi de Minería como responsable.
Medio centenar de mineros se han visto afectados por la situación.
El Sindicato Minero Nueva Esperanza de Canela presentará una querella criminal contra quien resulte responsable del presunto robo de 72 millones de pesos destinados para la construcción de una planta gravimétrica para el tratamiento de concentrado de oro.
La agrupación se encuentra demandada por la empresa Portilla por el no pago de los trabajos de construcción de la planta, pese a que Roberto Vega, seremi de Minería en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, mandató el pago con seis vales vista, los que según esta acusación fueron sustraídos por un ex funcionario de la secretaría, dejando impaga la obra.
Óscar Cortés, presidente del sindicato minero, explicó que demandarán al ex funcionario Roberto Bolbarán y a quienes resulten responsables por el daño causado: "Lo que esta persona hizo fue un abuso de confianza que existía por parte del sindicato, porque había un trabajo previo y producto de esa relación había una confianza y esta persona bajo la orden del ex seremi Roberto Vega, debería haber entregado estos dineros a la empresa Portilla, pero eso no fue así, dejando al sindicato con esa deuda".
El líder gremial agregó que la idea de tomar acciones legales, es "para esclarecer toda esta situación, porque el sindicato no tiene esos fondos, porque un tercero se aprovechó del desconocimiento y de la vulnerabilidad del sindicato y los robó".
En la comisión de Medio Ambiente, Minería y Energía del Consejo Regional Coquimbo, que preside el consejero Pedro Valencia, se acordó solicitar al departamento jurídico del GORE, informar de las acciones judiciales realizadas respecto del dinero que el ex funcionario de la Seremi de Minería cobró.
"Nosotros solicitamos en la sesión de Consejo que el Gobierno Regional tomara parte de este proceso. La gobernadora nos señaló que hay una querella que está en curso y lo que solicitamos en este caso, es apurar el proceso porque hay una persona que robó y que anda libremente por la calle y a los mineros se les cobran esos dineros", apuntó Valencia.
El consejero agregó que el problema no pasa sólo por el dinero faltante, sino también con que la planta "fue mal diseñada y para que pueda funcionar necesita de una inversión de alrededor de 100 millones de pesos, recursos a los cuales los mineros no pueden acceder porque, producto de este robo, el sindicato mantiene una deuda con el gobierno regional".
Constanza Espinoza, seremi de Minería en la Región de Coquimbo, se refirió a la problemática que enfrenta el sindicato y precisa que "mientras nosotros no tengamos fondos, no podemos apoyar a los mineros de Canela, pero sí se está apoyando a través de recursos de la Delegación Presidencial, con equipos de perforación y distintos elementos que permitan mejorar la productividad y la producción de minerales en esa zona, y por supuesto, una vez que podamos optar a los recursos del FNDR, la intención es regularizar a la mayor cantidad de mineros posibles".
En el intertanto, mientras este conflicto legal no se aclare, los mineros de Canela están a la deriva, sin poder regularizar sus faenas y sin contar con un apoyo que les permita ejercer su labor extractiva que les permita mantener a sus familias.
