El Ministerio Público de O'Higgins destacó que la investigación marca un precedente porque, por primera vez, se buscaron responsabilidades a nivel gerencial.
El fiscal de la Región de O'Higgins, José Luis Pérez Calaf, que investiga el accidente en el que murieron 26 personas al caer al río Tinguiririca, el 26 de mayo de 2006, un bus de la empresa Tur Bus, afirmó que el acuerdo de suspensión condicional del juicio contra los ejecutivos de la empresa, evita sanciones penales, aunque tendrán que cumplir con medidas específicas en el plazo de un año.
El fiscal destacó que la investigación en este caso marca un precedente, porque buscó responsabilidades del accidente a nivel gerencial y no sólo se quedó en los implicados directos, algo que suele ocurrir, según Pérez Calaf.
El funcionario señaló a El Diario de Cooperativa que entre las condiciones para la suspensión del juicio los ejecutivos deberán "establecer dentro de la empresa un sistema informático conectado a la Dirección del Trabajo en que se controle automáticamente la jornada de trabajo de los choferes y auxiliares".
Además, tendrán que "establecer una unidad interna que vigile ese sistema informático, al tiempo de establecer una auditoría con alguna empresa con ligazón internacional" que fiscalice y a la vez de sugerencias de mejoría al sistema, añadió Calaf.
"Mejorar las condiciones indemnizatorias económicas que ya había pagado la empresa a los parientes y lesionados" es otra de las condiciones que tendrán que asumir de acuerdo al fiscal.
A los 1.300 millones de pesos que la empresa había otorgado a los parientes y a los mismos lesionados a través de un acuerdo directo con estas personas, ahora se tendrá que indemnizar a otro grupo que había quedado al margen de ese acuerdo, lo que significará desembolsar 380 millones de pesos adicionales.
Otro punto relevante, según Calaf, es que la empresa tendrá que crear un fondo de pensión para la atención sicológica de las víctimas. (Cooperativa.cl)
