En el Juzgado de Garantía de Rancagua se inició la audiencia de formalización contra el alcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy (ex-PS), imputado por los eventuales delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y lavado de activos.
En su llegada al tribunal, el jefe comunal de Rancagua expresó estar "muy tranquilo", ya que se presentarán los "argumentos de nuestra defensa en una investigación que fue reservada, que no tuvimos acceso en muchos momentos, pero hoy día junto a nuestro equipo de abogados vamos a presentar la defensa como corresponde".
"Lo dije desde el principio: en un Estado de derecho, donde uno se defiende es en los tribunales de justicia", subrayó.
Debido a la gravedad de los hechos investigados, el número de delitos y las penas de crimen asignadas a estos, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo a lo expuesto por el ente persecutor, lo defraudado por el jefe comunal correspondería a 2.336 millones de pesos entre agosto del 2021 y mayo del 2023.
"Existió una gobernanza fraudulenta que asignaba y adjudicaba compras públicas a dedo a aquellos empresarios que entregaban beneficios económicos al alcalde. Idearon y utilizaron un mecanismo para el pago de sobornos a través de la cuenta corriente del Banco Itaú del imputado Javier Cornejo y que, además, utilizaron las tarjetas de débito con las que se lavaba el dinero proveniente de los ilícitos del fraude al Fisco, malversación y cohecho agravado", detalló el fiscal de Alta Complejidad de O'Higgins, Nicolás Núñez.
Además del alcalde Godoy, fueron formalizados los empresarios Javier Cornejo, Diego Barba, Carlos Rodríguez y Daniel Salazar. Tanto Cornejo como Salazar quedaron con las medidas cautelaes de arresto domiciliario, arraigo nacional y firma mensual.
En los últimos días, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra el jefe comunal por presuntos delitos tributarios cometidos durante su administración y que alcanzan un perjuicio fiscal superior a los 474 millones de pesos.
Esto se suma a la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a fines de marzo, que lo acusa de cometer delitos asociados a actos de corrupción, incluyendo cohecho y fraude al Fisco.
Todo lo anterior tras el inicio de una investigación del Ministerio Público, que derivó de un informe de la Contraloría General de la República, que reveló irregularidades en licitaciones y contrataciones de servicios en el municipio, hace aproximadamente un año.
