La normativa establece penas para el tráfico de pequeñas cantidades de estupefacientes que van desde 541 días a cinco años de prisión, a menos que se compruebe que la sustancia es para consumo personal.
En los salones del ex Congreso Nacional, el Presidente Ricardo Lagos promulgó la nueva ley número 20.000, sobre drogas, que contempla sanciones diferenciadas para el tráfico y el microtráfico de sustancias ilícitas.
Según manifestó el Mandatario, la nueva normativa "forma parte de una estrategia global (que) se hace cargo tanto de todo el ciclo del narcotráfico, como también lo que dice relación con las estrategias de prevención de consumo y de rehabilitación".
Mientras la pena para el tráfico se mantiene con un mínimo de cinco años y un día, la nueva ley establece la penalidad para el microtráfico, figura legal inexistente hasta ahora.
El castigo para este delito va desde 541 días a cinco años de cárcel y una multa que va de 10 a 40 UTM, a menos que se acredite que la droga es para consumo personal. En la normativa antigua, el microtráfico se consideraba como "tenencia ilegal para consumo personal", lo que sólo significaba un multa y dejaba impune el delito.
Al respecto, el Presidente Lagos destacó que "el problema de la droga no es sólo perseguir al que la vende, sino que nos preocupa, tan importante como eso, la disminución del consumo, posteriormente la rehabilitación, que es tal vez la parte más compleja, más difícil, y que requiere una mayor cantidad de esfuerzos y recursos".
La normativa establece, además, que los altos cargos de la administración pública deberán someterse a exámenes aleatorios, para detectar el consumo de ilícitos.
En caso de que se compruebe la adicción, los funcionarios deberán someterse a tratamientos de rehabilitación, y en caso de que no sean efectivos, se les inhabilitará para ejercer sus cargos.
También contempla la creación de un fondo especial, dependiente del Ministerio del Interior, que acoja todos los ingresos provenientes de la enajenación de bienes y dineros vinculados con la incautación de drogas, montos que se destinarán a los programas de rehabilitación.
Para Lagos, la promulgación de esta ley permite materializar las metas establecidas por el Gobierno, que por medio del "Conace (Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes) propuso el año 2002 en un horizonte de seis años, hacia el 2008, un conjunto de objetivos para reducir el consumo de drogas a través de un plan de acción y una estrategia nacional".
La promulgación de la normativa generó reacciones positivas al interior del parlamento. El diputado Edgardo Riveros (DC) señaló que este cambio en la legislación constituye un perfeccionamiento importante para el control del trafico de drogas.
"Su sanción, por la creación de la figura del microtráfico, como ha sido destacada, ha sido uno de los elementos importantes, toda vez que ahora hay una figura específica a disposición de los jueces con una sanción también acorde con lo que es la naturaleza del microtráfico".
En tanto, el ministro del Interior (s) Jorge Correa Sutil, puso el acento en la posibilidad de que la Justicia pueda acceder a las cuentas de los investigados y descubrir lavado de dinero, materia objetada por atentar contra la constitucionalidad.
La nueva ley "nos plantea un desafío, cómo reponer un mecanismo análogo, que no tenga objeciones de constitucionalidad, (porque) para combartir los delitos de esta magnitud, se requieren mecanismos espciales", explicó.
