El jefe edilicio de La Granja señaló que cualquier ciudadano puede exigir que se cumpla la ley, incluso en Lo Barnechea, donde la alcaldesa insiste en que desconocerá el respectivo decreto supremo.
El alcalde demócrata cristiano de La Granja, Claudio Arriagada, afirmó que las razones morales no tienen cabida para obstaculizar la entrega de la "píldora del día después", como han planteado jefes comunales de derecha frente al decreto supremo sobre el tema, firmado el pasado lunes por la Presidenta Michelle Bachelet.
En la víspera, la alcaldesa RN Marta Ehlers señaló que en Lo Barnechea no se repartirá el fármaco en consultorios, mientras el UDI Pablo Zalaquett ha sostenido que en La Florida se exigirá el consentimiento de los padres.
"Aquí no caben razones morales de ningún tipo para oponerse a la ley, cualquier ciudadano de Lo Barnechea o de cualquier comuna puede exigir que el alcalde cumpla la ley y le entregue lo que le corresponde en derecho", apuntó Arriagada.
La "píldora", acotó el jefe edilicio, "sí resuelve un problema de necesidad económica de un sector de la población".
Dicho sector, agregó Arriagada, "no puede comprar estas píldoras, que otros sí acceden con tanta facilidad en las farmacias", en referencia a la libre circulación del fármaco en el mercado, que no ha sido atacada directamente desde la oposición.
Sin embargo, laboratorios acusaron una "presión social" de grupos conservadores para que nos mantengan un stock del fármaco.
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el timonel del partido, Hernán Larraín, reiteró las críticas a la medida sanitaria, tras apuntar que "no nos parece que sea una manera de colaborar con la familia".
"En materias delicadas e íntimas como son éstas, debería consultarse e informarse a los padres para tomar decisiones tan importantes", planteó el senador.
Por su parte, el abogado Jorge Reyes, representante de la UDI ante tribunales y vocero de los autodenominados grupos "pro vida", anunció medidas cuando el decreto -que es revisado por la Contraloría General de la República- sea publicado en el Diario Oficial.
"Como sociedad civil, entraremos a estudiar que cosas consideramos que son inconstitucionales porque atentan contra la vida del que está por nacer, e impugnaremos el fondo de la resolución ante el Tribunal Constitucional", indicó el jurista. (Cooperativa.cl)
