Pamela Vera acusó a la Contraloría de actuar sobre la ley al restringir la distribución del fármaco.
Acción legal que presentó fue declarada admisible por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Una estudiante, de 23 años, presentó un recurso de protección por el dictamen de la Contraloría General de la República que en junio pasado prohibió a municipios y ONG distribuir la "píldora del día después".
La acción social interpuesta por el abogado de Pamela Vera Flores, Claudio Moraga -dada a conocer este miércoles- fue declarada admisible el martes por la sala de cuentas de la Corte de Apelaciones, por lo que se solicitó un informe a Ramiro Mendoza o a la contralora subrogante, Sonia Doren.
Según la mujer, con la restricción de la entrega del levonorgestrel se está coartando el derecho de igualdad ante la ley, especialmente a gente, como ella, que no cuenta con recursos económicos suficientes para conseguir el medicamento, sino es en la Red Pública de Salud.
"Básicamente esta ilegalidad, entendemos nosotros, termina redundando en definitiva en una afectación de sus derechos constitucionales", explicó Moraga, quien espera que "la corte, conociendo el recurso, pueda invalidar o dejar sin efecto el dictamen de la Contraloría".
Además, la joven indicó que el fallo del ente contralor está actuando por sobre la ley y contra las personas.
El pasado 15 de julio, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del Gobierno que garantiza la distribución del medicamento a toda la población, después de una discusión en donde partidarios y detractores llenaron las tribunas de la corporación.
En ese sentido, el ministro de Salud, Alvaro Erazo, explicó que "uno de los fundamentos por los cuales hemos actuado con responsabilidad y con el tiempo que hemos dado a la discusión en la Cámara es para evitar que las personas que concurren a un centro asistencial a nivel primario se sientan vulnerables y sin la posibilidad de acceder a este tratamiento".
Por su parte, el abogado de los llamados grupos "provida" Jorge Reyes recalcó que la estudiante está en su derecho al recurrir a tribunales, pero subrayó que lo más grave es lo que está haciendo el Ejecutivo con el proyecto de ley, actualmente en el Senado.
"En este caso, un fallo de la Corte Suprema, el del 30 de agosto de 2001; dos fallos del Tribunal Constitucional, y un dictamen de la Contraloría pretenden dejarse sin efecto a través de un proyecto de ley. Eso en la historia de Chile nunca había ocurrido", enfatizó.
