El Gobierno descartó nuevamente decretar un estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana ante la crisis de delincuencia, debate que volvió a tomar fuerza tras el crimen de un niño de cinco años ocurrido la noche del marte en la comuna de Padre Hurtado.
La Moneda ya había desestimado optar por ese camino pues, al menos hasta ese momento, la evaluación señalaba que "no era necesario", decisión que mantuvo ayer y que comunicó en la interna, en el marco de una reunión que mantuvo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en Palacio con integrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
Previo al encuentro, en medio de la conmoción por el asesinato del pequeño, la organización de alcaldes urgió "actuar de manera conjunta y sin vacilaciones para enfrentar con total firmeza a la delincuencia en todas sus formas".
Luego de la cita en la sede de Gobierno, los jefes comunales salieron disconformes.
"La sensación que nos deja esta reunión es de no tener claridad respecto a cuáles van a ser las estrategias que se van a establecer desde hoy en adelante", reprochó el jefe comunal de Padre Hurtado, Felipe Muñoz (PS), quien subrayó que "las y los alcaldes no necesitamos más diagnósticos; necesitamos acciones concretas".
"Me voy profundamente decepcionado", expresó a su turno el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), cuestionando que "el espíritu del Gobierno tiene una seria contradicción con poner mano dura para enfrentar la delincuencia".
"A nosotros nos interesa que se analice objetivamente la posibilidad del estado de excepción, ellos no están convencidos", enfatizó.
"NO EXISTEN ATAJOS", DIJO BORIC
El Presidente Boric, en el marco de su visita a la Región de Los Ríos, habló varias veces sobre el tema, reforzando la postura del Gobierno de optar por el fortalecimiento de las policías mediante aumentos presupuestarios y renovación de la flota de vehículos, entre otras medidas.
"En la vida no existen atajos, y menos en las políticas públicas o los desafíos complejos como es el tema de la seguridad y la delincuencia. Los encargados en una sociedad democrática de combatir y enfrentar a la delincuencia son las policías, y como Gobierno las vamos a respaldar y la estamos apoyando", sostuvo en la Escuela de Formación de Carabineros de Valdivia.
El Mandatario no quiso ahondar sobre las iniciativas con civiles y exuniformados que han impulsado los alcaldes José Manuel Palacios, de La Reina, y Rodolfo Carter, de La Florida, que declararon a sus comunas en "emergencia" ante la delincuencia; y que ya han sido cuestionadas por el Ejecutivo y el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien negó su validez legal.
"Todas las iniciativas que promuevan la prevención por parte de municipalidades, son bienvenidas. Estamos centrados en mejorar esta situación y no en entrar en polémicas inconducentes", concluyó Boric.
DEMANDAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, recalcó que "los homicidios de las últimas horas demuestran que la pandemia de homicidios continúa en Chile. El derecho a la vida, el derecho humano a la seguridad, son derechos que tenemos que proteger entre todos, y para eso, hacer más de lo mismo simplemente no da buenos resultados".
En esa línea, planteó que hacer uso de las Fuerzas Armadas es una posible respuesta, "pero no es la única: cárceles especiales para los capos de la mafia, leyes que permitan perseguir el dinero, apoyar la labor de los municipios son algunas de las medidas que hay que tomar ahora".
"Ante la crisis de seguridad de Santiago, unidad, urgencia y eficacia", zanjó.
Mientras tanto, el diputado oficialista Raúl Soto (PPD), uno de los impulsores de un estado de excepción, opinó que "estamos en el peor momento de la crisis de seguridad y llegó la hora de actuar con mano firme y dura para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia, con todas las herramientas y capacidades del Estado".
"Vamos a insistir en que se decrete estado de excepción de carácter nacional y se desplieguen todas las fuerzas policiales y militares a lo largo del país, con la flexibilidad que permita ir focalizando los esfuerzos en aquellas regiones y ciudades con tasa de incidencia de delitos violentos más altas en nuestro país", remarcó.
En la oposición, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) emplazó: "Presidente Boric, convoque al Cosena para que de una vez por todas tomemos medidas extraordinarias que nos permitan enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. De no hacerlo los chilenos van a seguir pagando los costos de un Gobierno que no toma decisiones, pero por sobre todo de un Estado que no está presente para enfrentar a aquellos que han atentado contra la ley, contra el Estado de derecho y afectan los sueños y proyectos de las familias en Chile".
