Esta mañana se realizaron distintas reuniones extraordinarias en el Palacio de La Moneda, una de ellas es encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric; y otra por el subsecretario del interior, Manuel Monsalve.
Sobre la mesa se encuentran los temas de seguridad e inmigración, por lo que el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, también participó de las conversacipones.
Lo anterior se enmarca dentro del anuncio del subsecretario Monsalve respecto a agilizar las expulsiones de quienes estén indocumentados y cometan delitos mediante una prerrogativa que tiene su cargo.
"Esta mañana nos reunimos con el equipo del Ministerio de Interior, el director nacional de Migraciones y el director general de la PDI para abarcar temas de seguridad de nuestro país y fortalecer el trabajo que se llevará a cabo para entregar más seguridad para las chilenas y chilenos. No vamos a permitir que la delincuencia se tome nuestras calle", informó el Mandatario.
En otra de las reuniones, se citó a exautoridades de Interior -ministros y subsecretarios- del anterior Gobierno de Sebastián Piñera, sin embargo, éstas no se presentaron. Aquello provocó molestia en Palacio.
En esta línea, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declaró que "los espacios para el diálogo por parte del Gobierno están, (pero) lo que pasa es que hay algunos que no quieren tomar esos espacios. Hay algunos que no quieren poner en tabla proyectos de ley tan importantes para concretar las expulsiones judiciales de migrantes que cometen delitos".
"En esto tenemos que tener una posición alineada con el discurso, porque si el discurso es uno pero las acciones son otras, entonces no vamos a avanzar. Si nos piden diálogo, pero al mismo tiempo no vienen a dialogar, no vamos a avanzar. Entonces, la coherencia es importante porque lo necesitamos", agregó.
MIGRACIONES DEFIENDE EL NÚMERO DE EXPULSIONES
Thayer, por su parte, defendió la labor del Gobierno respecto a las expulsiones y explicó que "este año hemos expulsado 239 personas administrativamente; el año 2020, 202, y el año 2021 se expulsó a 246 personas administrativamente. Nosotros esta semana vamos a superar esa cifra de las 246, así que estamos en las líneas históricas y vamos a seguir generando esfuerzos, coordinándonos mejor con las policías para poder aumentar esa cifra".
"Tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema de control migratorio que estamos ciertamente abordando con todas estas medidas. El año pasado se expulsaron 31 personas, tuvimos un cambio de ley, hicimos modificaciones legales y hemos logrado aumentar este año a las 239", añadió.
A una de las citas asistieron los diputados de oposición Francisco Undurraga (Evópoli) y Andrés Longton (RN), ambos presidentes de las comisiones de Defensa y Seguridad, respectivamente.
"Lo que falta en este país, en este gobierno, y no sólo en migración sino en muchas materias, es gestión. Aquí se ha dado el chasis jurídico para todas y cada una de las cosas que hoy el subsecretario nos dijo que quieren emprender. Pero finalmente, las atribuciones están en algo bien obvio, ellos son el Ejecutivo (...) así que no vengan ahora a decir que esto es culpa del gobierno anterior o del de la Presidenta Bachelet", reprochó Undurraga.
Longton aseguró que "lo que busca Renovación Nacional es que este Gobierno se dé cuenta de que tiene que empezar a expulsar y la cifra hasta ahora indica que hay un muy bajo porcentaje de expulsiones en relación a la cantidad de personas que han ingresado a nuestro país. Hay 12 mil expulsiones que están en el cajón del director de Migraciones para poder ejecutar, que están con las notificaciones listas".
El parlamentario de Chile Vamos afirmó que "si eso no se realiza y siguen en esta contradicción evidente, que yo creo que tienen con un sector más radicalizado en la izquierda, que en su momento promovía que se detuvieran las expulsiones, obviamente que vamos a tener que accionar en ese sentido".
La oposición lanzó la semana pasada un "ultimátum" al Gobierno: que concrete la expulsión administrativa de 12 mil inmigrantes que, según afirma la derecha, están pendientes. De no ocurrir, acusarán constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Tohá.
TOHÁ ADELANTA PROYECTO PARA AGILIZAR NOTIFICACIONES DE EXPULSIÓN
Tohá ha hablado de que existe un "cuello de botella" que impide realizar deportaciones en mayor cantidad: se vincula a la complejidad de la legislación respecto al proceso de notificación de la expulsión y recepción de la misma por parte del inmigrante. En ese marco, el Ejecutivo evalúa un proyecto de ley que permita allanar el domicilio durante la notificación, para que así, en caso de la persona se niega a salir, no se podrá dar como no informada.
Otro asunto tiene que ver con la recepción de los países de destino, particularmente Venezuela. Para ello, La Moneda está alistando un del subsecretario Monsalve a Caracas para abordar la materia.
La ministra, en una exposición ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, reconoció que los delitos de mayor criminalidad -principalmente homicidios- han vuelto a registrar un alza relevante, pero ésta sigue siendo menor respecto a lo que ocurría antes de la pandemia.
"Los números no han llegado adonde quisiéramos llegar, por eso el Presidente ha recibido una serie de propuestas para mejorar estas capacidades y modalidades. Y se va a traducir en más insistencia en las conversaciones con Venezuela, porque las facilidades que se han dado se hacen totalmente insuficientes para alcanzar los ritmos necesitados", sostuvo.
"Segundo, hay que hacer medidas legislativas adicionales, una muy importante es que cuando la PDI va a buscar a las personas expulsadas tenga la posibilidad de allanar los domicilios, porque (hoy) si las personas no salen de su casa no los puede detener", adelantó Tohá.
