La iniciativa, que combina la legítima defensa con la flagrancia permanente, comenzó a ser discutida ayer por los parlamentarios y ha sido fuertemente criticada por el oficialismo, que acusa que con esto se permitiría la autotutela, es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan -por la fuerza y en forma armada- tratar de recuperarlo.
"¿Qué sucede si la consumación de la usurpación se extiende en el tiempo por meses, años o incluso décadas? Hablemos de las tierras indígenas: los dueños originales, despojados a través de la llamada 'pacificación de La Araucanía', estarán autorizados para emplear medios violentos para terminar esta usurpación? ¿Eso es lo que se busca? ¿La guerra?", dijo la diputada Mercedes Bulnes (independiente-Revolución Democrática) durante el debate de hoy.
La propuesta ha suscitado el rechazo de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien fustigó que, con los términos actuales del texto, "las personas pueden organizarse, armar un grupo, contratar unos tipos que vayan a pelear cuerpo a cuerpo por el terreno usurpado".
"Eso, el Gobierno no lo va a permitir, no se va a promulgar una ley en Chile que tenga esa norma, y tenemos múltiples herramientas constitucionales para hacerlo", afirmó, emplazando al Congreso a que "si no queremos hacer una embarrada monumental, tenemos que tratar de discutir un cambio en la ley que se haga cargo de esta complejidad".
Tohá añadió que "tampoco va a permitir que se trate por igual una toma en que se amenaza, se intimida y se violenta a personas, a una en que no se hace. Con el afán de subir las penas -populismo penal-, se terminó igualando esta situación. Entonces da lo mismo pegarle o no pegarle a los propietarios u ocupantes, porque la pena es igual. ¿Cómo vamos a hacer una ley así?"
El castigo es presidio menor en ambos casos, en algunos con grado medio (hasta tres años de cárcel) y otros con grado máximo (hasta cinco años de presidio).
"MEDIOEVO"
El diputado republicano Cristián Araya reprochó que "lo que vemos es una verdadera protección de las tomas ilegales".
"La única forma de enfrentar la crisis de seguridad que vive Chile es comenzando por lo más básico, que es restablecer el estado de derecho. Y en ese sentido, combatir con energía y fuerza las tomas ilegales es fundamental", apuntó.
La replicó el también diputado Diego Ibáñez, timonel del gobernante Convergencia Social: "Bueno, diputado, mañana traiga su casco y espada y tumbémonos a duelo acá al medio, porque es exactamente lo mismo que está prometiendo, a ver quién gana. Vamos a rechazar este proyecto del medioevo, porque es un retroceso civil".
El proyecto establece una sanción de tres años de presidio por usurpaciones no violentas y cinco años de usurpaciones que sean violentas.
Entre las indicaciones aprobadas en su trámite en la Comisión de Seguridad Ciudadana destaca el procedimiento administrativo para realizar la solicitud de restitución anticipada al tribunal, para recuperar el bien raíz. Se descartó la necesidad de establecer un plazo para celebrar la audiencia y la necesidad previa de recurrir a una demanda civil.
En tanto, se aprobó la posibilidad de regularización de la pequeña propiedad raíz, siempre que se acredite que no existe juicio pendiente en su contra o sentencia condenatoria.
La instancia también respalda que los directores de Serviu puedan deducir acciones y querellas respecto de ocupaciones o hechos constitutivos de delito, que se hayan cometido en el territorio de su competencia.
Además, establece que no podrá ser detenida una persona que habite un inmueble que se encontrase ocupando, y que forme parte del registro nacional de campamentos del 2022.
La Moneda evalúa la opción de ingresar un veto presidencial si el texto avanza tal como está.
SE CAE LA PROTECCIÓN A CAMPAMENTOS
Si la legítima defensa privilegiada, anteriormente visada por el Senado, es aprobada por la Cámara Baja, quedará incorporado al proyecto. Se encuentra en su segundo trámite constitucional, y el Gobierno le retiró la suma urgencia, para que hoy sólo sea votado en general y no en particular, a fin de que vuelva a la Comisión de Seguridad para el análisis de una indicación que resguarde a las familias que viven en campamentos.
No obstante, la derecha no respalda esta idea: "Algunos diputados expusieron que ampliar (el catastro) al 2024 podía provocar un 'efecto llamada', en que se dice a los que articulan estos campamentos ilegales o loteos brujos que si entran a la lista antes de 2024, se salvan de la ley de usurpaciones, y esa era una señal muy negativa según la mayoría de la comisión", explicó el presidente de la instancia, Jorge Alessandri (UDI).
"El fondo del asunto es que el Gobierno no negoció la aprobación de su propia indicación", fustigó.
La comisión también rechazó esta tarde una indicación renovada del Gobierno para que la flagrancia de estos casos fuera atendida por Carabineros.
