El ministro de Energía insistió con la idea en una nueva reunión con los actores del sector, en la mesa técnica constituida en el marco del acuerdo con el Senado.
El mecanismo de ayuda se desplegaría desde el próximo año en caso de que las tarifas suban al menos en un 5% en un período igual o inferior a seis meses.
El Gobierno reiteró la idea de aumentar el impuesto a las empresas que siguen operando con carbón como una medida para recaudar recursos permanentes que permitan financiar un subsidio a las cuentas de luz de las familias vulnerables.
El ministro de Energía, Diego Pardow, lo volvió a plantear ayer lunes, en una nueva reunión con asesores legislativos, técnicos y gremios del sector energético, en la mesa técnica instalada en el marco del acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado para impulsar un trabajo legislativo sobre la estabilización de las tarifas de electricidad y la creación del referido subsidio, entre otros asuntos.
El secretario de Estado ya había expuesto la necesidad de elevar el denominado impuesto verde durante las conversaciones previas, pero la idea fue rechazada entonces por los parlamentarios y no fue incluida en el texto final: apuntaba entonces a subir el gravamen de los 5 dólares actuales por cada tonelada emitida, a 7,5 dólares.
En el encuentro de la víspera, sin embargo, subió los términos de 5 a 10 dólares, publica hoy El Mercurio.
El cálculo del ministerio estima que de esa manera se podría obtener los recursos que faltan para completar los 200 millones de dólares: el cargo por servicio público -financiamiento por parte de los usuarios finales- está incluido, además de otros 20 millones de dólares comprometidos en el marco de la Ley de Mecanismo de Protección para el Consumidor.
El subsidio ya ha sido utilizado antes, pero no exento de dificultades debido a las exigencias de funcionamiento. En este caso, el Gobierno lo desplegaría entre 2024 y 2026.
Para activar la ayuda, acudiría al artículo 151 de la Ley de Servicios Eléctricos, que establece que si las tarifas eléctricas registran un alza real acumulada igual o superior al 5% durante un período igual o inferior a 6 meses, el Presidente de la República, mediante decreto supremo, puede establecer un subsidio transitorio.
"Los mecanismos de protección a clientes vulnerables van a ser tan grandes o focalizados como seamos capaces de ponernos de acuerdo en el financiamiento. Pero el subsidio tiene que cumplir condiciones de autofinanciamiento y de estabilidad en el tiempo, y de simpleza también en su gasto", expuso Pardow hace algunas unas semanas en el Congreso.
Según los asistentes a la reunión de la víspera, la Asociación de Generadoras habría expresado su oposición a la propuesta, pues sostiene que la solución pasaría nuevamente a estar a cargo de las empresas, castigando a aquellas que aún cuentan con termoeléctricas a carbón, como Guacolda, AES Andes o Colbún.
En tanto, entre los senadores existen opiniones divididas: mientras algunos creen que el aumento del impuesto podría ser traspasado a clientes finales, por lo que a la larga serían estos los que terminen haciéndose cargo de los subsidios; otros consideran que el cobro vigente del gravamen está lejos del estándar de otras jurisdicciones, donde se encuentra en torno a 35 dólares por cada tonelada emitida
